La entidad participó en el Comité Territorial de Justicia Transicional que evaluó la violencia y hechos victimizantes.
Como consecuencia del recrudecimiento de la violencia en la subregión del Nordeste antioqueño, por los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. Autoridades, alcaldes y entidades alertaron esta situación.
La Unidad para las Víctimas implementará planes de reparación colectiva que benefician a campesinos, afrocolombianos e indígenas con proyectos productivos, obras comunitarias servicios de salud, escenarios deportivos, casetas comunales, dotaciones deportivas y culturales para la recuperación de tradiciones y la estrategia de rehabilitación psicosocial.
Esto se acordó durante un comité territorial de justicia transicional que se llevó a cabo en la Gobernación de Antioquia, allí coincidieron en la preocupación porque persisten los homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento ilegal de menores, accidentes con minas antipersonal y extorsiones en municipios como El Bagre, Remedios, Segovia, Anorí y Amalfi.
La directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo Avendaño, informó que la entidad ha atendido “con ayuda humanitaria en dinero y especie (alimentos, artículos de aseo y albergue) a 3.402 familias durante los 15 desplazamientos y 8 confinamientos ocurridos en Segovia, Remedios y El Bagre entre 2023 y 2024, con inversión de 2.985 millones”.
Además, indicó que para “mejorar la atención y respuesta en caso de posibles emergencias por el conflicto armado, en junio de este año la Unidad para las Víctimas también entregó a la Alcaldía de Remedios una dotación para albergue” (colchonetas, cobijas, toallas, tendidos, toldillos, vajilla y kit de cocina).
La Defensoría del Pueblo dio a conocer alertas tempranas y riesgos de desplazamientos forzados en varios municipios por la disputa de territorios, explotación minera, cultivos ilícitos y el microtráfico de estupefacientes entre el Ejército de Liberación Nacional, disidencias de las FARC y el denominado clan del golfo (Ejército Gaitanista de Colombia).
Tras evaluar las situaciones expuestas por alcaldes y representantes de organizaciones sociales y víctimas, así como Ejército y Policía, la Gobernación de Antioquia y otras autoridades acordaron acciones de prevención del delito, protección de líderes sociales, educación en riesgo de minas antipersonal y contra el reclutamiento ilegal de niños y adolescentes, entre otras.
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