Organizaciones o bandas criminales como La Oficina o Los Pachelly en Medellín y el Valle de Aburrá, han expresado a través de cartas entregadas al movimiento Sinergia y estas, a su vez, al Presidente Gustavo Petro, esta intención de caminar hacia el fin del conflicto través de la política de acogimiento a la justicia.
Mientras que el camino hacia el acogimiento puede parecer más sencillo con el ELN, puesto que la ley permite la negociación con este tipo de grupos, con las organizaciones del crimen la ruta puede tener más dificultades pues la ley solo permite el sometimiento de sus integrantes; sin embargo ya hay avances para labrar un nuevo rumbo en este tema pues ya está casi listo el marco jurídico del Acogimiento a la Justicia, si se quiere, la “nueva forma” que permitiría a las bandas criminales ese acercamiento sin necesidad de sometimiento, salvo casos puntuales
Y es que los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda, en trabajo conjunto con el Centro Internacional para la Justicia Transicional, han avanzado en la figura que, según conoció este medio de comunicación, se tramitará en el Congreso vía fast track.
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Para el Concejal de Medellín, Lucas Cañas, ese “vacío” jurídico debe llenarse rápidamente pues no existe ley alguna que permita negociar con organizaciones criminales y narcotraficantes por eso señala que: “ hay que proceder con inteligencia y mucha mesura, eso sí, sin desconocer la intención de estos grupos de aportar a la llamada Paz Total”
Por su parte, el Movimiento Sinergia, elegido como vocero y garante del acercamiento entre las organizaciones criminales y narcotraficantes con el Gobierno de Gustavo Petro, avanza en planteamientos de acogimiento en los que señala: “no habrá impunidad”.
Señala Sinergia que: “habrá compromisos de reparación y verdad, es más, habría penas de cárcel y compromisos de entrega de tierras como parte de un componente de justicia restaurativa para quienes se acojan”.
Por ahora, frente a la política, se conoce que habría un plazo para que los integrantes de bandas criminales se acojan al mecanismo hasta el 31 de diciembre del año entrante y que sería el comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien haría los primeros acercamientos con los colegiados de las estructuras criminales para la socialización, primeramente el Valle de Aburrá, otros municipios de Antioquia y en el departamento del Cauca.