La Personería de Medellín comenzó el recaudo de pruebas para determinar en seis meses si se aplica una sanción disciplinaria contra el exsecretario de Participación Ciudadana, Juan Pablo Ramírez, por las presuntas irregularidades con un contrato de 12.000 millones de pesos firmado con Plaza Mayor.
“Abrió una investigación disciplinaria en contra del funcionario Juan Pablo Ramírez, en calidad de secretario de Participación Ciudadana por las presuntas irregularidades con un convenio interadministrativo entre Plaza Mayor y la Secretaría de Participación Ciudadana con el fin de un apoyo logístico”, indicó Jenny Serna Montoya, personera delegada de Vigilancia Administrativa.
El millonario contrato haría parte de un entramado de malversación de recursos del presupuesto participativo de las comunas de Medellín, a través de una cadena de tercerización de labores logísticas para eventos comunitarios. la secretaría contrató a Plaza Mayor, a su vez, se subcontrató con una corporación y luego ésta hizo lo mismo con alguna junta de acción comunal.
“Relativamente lo que tenía que llegar a la junta de acción comunal, no llegaba ni siquiera un 30%, de ese 30% nosotros teníamos que hacer todos los eventos, refrigerios, silletería, sonido, entonces a la junta de acción comunal no le quedaba para meterle a infraestructura”, manifestó Nilson Bolívar, presidente de la JAC de San José La Cima #1.
Los recursos no habrían llegado completos a las juntas. cada una de estas organizaciones comunales debía recibir entre 40 y 60 millones para toda clase de actividades o mantenimientos de las sedes. En la intermediación se habría quedado el 60 por ciento de los recursos como en algunas juntas de Manrique que se vieron afectadas.
“Plaza Mayor tenía una tercerización con otras personas que solamente llegaban cuatro escobas, cuatro trapeadoras, unos recogedores, unos baldes y dos millones de pesos para la acción comunal, entonces, yo no sé dónde se perdió el resto de plata”, expresó Jesús Aníbal Patiño, integrante asocomunal Las Granjas, Manrique.
En caso de que se determine la responsabilidad disciplinaria, Juan Pablo Ramírez podría ser sancionado e inhabilitado para cargos públicos, lo que dejaría en entredicho su actual cargo en el ministerio de hacienda.
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