Días antes del asesinato del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, el 5 de mayo, los cinco procesados – según la Fiscalía – se habrían reunido en un local comercial ubicado dentro de la Plaza Minorista donde, al parecer, se planeó el crimen.
«Hicimos estudio de 20 lugares, elementos probatorios, 200; ubicación y recolección de cámaras de seguridad, 120; análisis de horas de video, 2.500; análisis de información técnica de antenas 40; interceptación de líneas telefónicas, 67; entrevistas, 27; reconocimiento de álbum fotográfico, 14; análisis de redes sociales, 10, (…) y actividades investigativas, más de 3.000» dijo en rueda de prensa desde Cartagena el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.
Los tres fiscales que estuvieron a cargo de la investigación lograron, en 22 días, trazar una línea de tiempo desde el 6 de mayo cuando comienzan a llegar los procesados a Cartagena y se hospedan en un hotel.
«Lo más importante de esto es que tenemos 120 evidencias directas y las declaraciones de los testigos no fueron para definir el caso sino para corroborar los elementos materiales probatorios técnicos que nos permitieron llegar a los resultados que le presentamos el día de ayer al país» agregó el fiscal Francisco Barbosa.
En el seguimiento realizado a las más de 100 cámaras de videovigilancia también se ve el momento en que los procesados salen del hotel, van a un restaurante y luego alquilan el jet sky desde el cual los dos sicarios cometieron el crimen, guiados por las señas de una mujer y su hijo que tres días atrás se hospedaron en Barú para seguir al fiscal paraguayo.
«Cristian Camilo Monsalve y Marisol Londoño eran los encargados del seguimiento y ubicación de la víctima, reportando directamente al señor Francisco Luis Correa, y por el otro lado Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta era el encargado de trasladar los sicarios hasta Playa Blanca y sacarlos del lugar una vez consumados los hechos» aseguró Barbosa.
El fiscal general de la Nación también reveló que cuatro de los cinco procesados aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego agravado; y concluyó con que por este crimen los delincuentes habrían recibido un botín de 2 mil millones de pesos.
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