Operativos e inspecciones conjuntas de la Secretarías de Turismo y Gobierno, además de la fuerza pública, han permitido asestar golpes contra la explotación sexual infantil en viviendas turísticas.
Y es que los controles se han intensificado: “se han realizado 180 visitas de inspección y se han cerrado 12 viviendas turísticas por incumplimientos y casos de explotación sexual”.
El trabajo conjunto de la Alcaldía de Medellín y la plataforma digital Airbnb también han depurado alojamientos irregulares.
La plataforma también implementará este mes una medida para que sus huéspedes acepten políticas contra la explotación sexual.
Las sanciones también son por faltas a la regla y es que no cualquier inmueble puede ser vivienda turística, debe cumplir cinco requisitos que son:
Primero, tener vigente el registro nacional de turismo. Segundo, reglamento en copropiedad horizontal. Tercero, tener vigente la tarjeta de registro de alojamiento. Cuarto, estar inscrito al sistema integrado de extranjeros y los inmuebles sólo pueden ser alquilado por máximo 30 días.
Las autoridades han advertido que unas 1.700 inmuebles prestan servicios turísticos de manera irregular en Medellín.