En una decisión que marca un precedente para la administración pública en Armenia, el Tribunal Administrativo del Quindío declaró este 22 de noviembre de 2024 la nulidad del acuerdo municipal 316 de 2024. Este acuerdo, aprobado por el Concejo Municipal el pasado 11 de septiembre, otorgaba facultades al alcalde James Padilla García para contratar un empréstito de $176.000 millones destinado a financiar proyectos del Plan de Desarrollo 2023-2027 ‘Armenia Con Más Oportunidades’.
El fallo se produjo luego de que Juan Miguel Galvis Bedoya, gobernador del Quindío, impugnara el acuerdo ante el Tribunal con el objetivo de proteger los intereses de los habitantes de Armenia ante lo que hubiera sido el endeudamiento más alto propuesto por un alcalde de Armenia en su historia. Según la Secretaría Jurídica de la Gobernación, liderada por Juan Carlos Alfaro García, el acuerdo adolecía de serias irregularidades legales, como la falta de especificidad en los plazos y la ambigüedad en las facultades otorgadas al alcalde, aspectos esenciales establecidos por la Constitución para este tipo de autorizaciones.
La decisión judicial anula un empréstito que había generado fuertes cuestionamientos desde su aprobación. Aunque los proyectos financiados —como la construcción del ordenador vial de la carrera 19, mejoras en agua potable, la modernización de la red semafórica y la recuperación de infraestructura vial— son esenciales para el desarrollo de la ciudad, la deuda planteada suponía un compromiso financiero significativo para las arcas municipales enmarcada en un acuerdo que según el Tribunal carecía de un sustento jurídico sólido.
Juan Carlos Alfaro García destacó que esta acción reafirma el compromiso de la Gobernación del Quindío con la legalidad y la protección de los recursos públicos. “La observación presentada por el Departamento en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, obedecía al hecho de que el mismo no se encontraba sujeto a una temporalidad, ello teniendo en cuenta que, acorde con el artículo 313 de la Carta Política, cuando se otorgan facultades a los gobernadores, pues las mismas deben de ser precisas y temporales. En el presente caso, el Tribunal Administrativo del Quindío ha indicado que, efectivamente, el acuerdo debió estar sujeto a una temporalidad y que el mismo no se sujetó a tal temporalidad y adicionalmente agrega al tribunal administrativo también que no existe la suficiente claridad dentro del acuerdo, es decir, que las facultades tampoco son precisas. Con ello ha tomado la decisión de declarar la invalidez de dicho acuerdo.”, señaló Alfaro.
La nulidad del acuerdo deja a la administración municipal ante el reto de buscar alternativas viables para la financiación de los proyectos del Plan de Desarrollo. Este episodio subraya la importancia de un manejo responsable de los recursos públicos y de la necesidad de velar siempre por el bienestar de la ciudadanía, garantizando procesos transparentes y ajustados a la normativa.
La decisión del Tribunal Administrativo del Quindío no solo anula el acuerdo que permitía la contratación del empréstito, sino que también envía un mensaje claro sobre la necesidad de actuar dentro del marco legal y con absoluta responsabilidad frente a las finanzas públicas. Insistir en un proyecto de esta magnitud sin garantizar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales sería no solo una afrenta a la institucionalidad, sino también una falta de respeto hacia los ciudadanos que confían en una gestión responsable de los recursos generados por sus impuestos. El alcalde debe comprender que la confianza de la comunidad en su administración está directamente relacionada con la transparencia y prudencia en la toma de decisiones que afectan el futuro financiero de la ciudad.
Armenia necesita inversiones estratégicas, pero estas deben ejecutarse sin comprometer las arcas municipales ni hipotecar el futuro de sus habitantes. El desarrollo de la ciudad no puede basarse en improvisaciones legales ni en decisiones apresuradas que ignoren las implicaciones económicas a largo plazo. James Padilla tiene ahora la oportunidad de reflexionar y demostrar que su administración está comprometida con el respeto a la legalidad, la participación ciudadana y el manejo responsable de los recursos públicos. Los armenios merecen un gobierno que priorice sus intereses colectivos y no una administración que insista en medidas que podrían agravar las desigualdades económicas y las limitaciones presupuestales del municipio.
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