Cinco personas dedicadas a la extorsión y delitos conexos fueron enviadas a prisión.
Se trata de delincuentes que venían afectando la tranquilidad de ciudadanos residentes en el Quindío con familiares en el extranjero.
Los procesados corresponden a Jhon Alejandro Medina Arcila, alias el ‘Flaco’; Brayan Valderrama Torres, alias ‘Brayan’; Miguel Leonardo Castellanos León, alias ‘Mechas’; Álvaro Javier Payares Ágamez, alias ‘Trompas’; y Johana Shirley Ardila Sandoval, alias ‘Shirley’.
Las detenciones y judicializaciones de los hoy encartados se dieron en medio de un operativo conjunto entre agentes del Gaula de la Policía Nacional en el Quindío y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
Estas personas deberán responder, de acuerdo con sus participaciones, por delitos como concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y enriquecimiento ilícito de particulares.
Si bien ninguno de ellos aceptó los cargos imputados, las pruebas en su contra presentadas por un fiscal especializado fueron suficientes para que un juez en función de control de garantías los privara de la libertad.
El modus operandi
La modalidad que usaban estos delincuentes y que fue descubierta a través de labores de investigación, se denomina falsa encomienda.
Inicialmente, lo que hacían era crear perfiles falsos de familiares de las víctimas que previamente habían identificado que residían en el extranjero. Luego comenzaban a enviar mensajes para generar confianza y posteriormente pasado un tiempo les decían que les enviarían una encomienda u obsequio.
Después de estas situaciones contactaban a las víctimas y se hacían pasar por funcionarios de una empresa de envíos diciendo que el paquete traía sobrepeso por lo que debían pagar un excedente para la entrega, ante lo que normalmente las personas accedían.
Así mismo, otra de las artimañas era suplantar a personal de la Policía o de la Aduana diciendo que en la encomienda venían joyas, dinero o mercancía y que debían darles dinero para evitar judicializaciones por lavado de activos, enriquecimiento ilícito o evasión de impuestos, llevando a que las víctimas les consignaran importantes sumas de dinero.
De acuerdo con las investigaciones, los hoy procesados se habrían apoderado de aproximadamente $33 millones de pesos.