El Consorcio denunció ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, presuntas irregularidades en la ejecución del contrato.
Luego de que una sentencia ordenara que la optimización de la Planta de Tratamiento debía ser construida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), quien suscribió un contrato con el consorcio CEPS por alrededor de $1,5 billones de pesos, la interventoría contratada por la CAR para hacer el seguimiento del contrato no ha aprobado la totalidad de los componentes que hacen parte del mismo.
Sin embargo, por orden judicial, desde el mes de diciembre de 2021 la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá señaló que ha venido operando de manera asistida la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR Salitre) cumpliendo con los parámetros exigidos en la licencia ambiental.
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«Es fundamental que se nos entregue una planta de funcionamiento que esté en condiciones de operación y sin deficiencias, de esta manera hemos alertado sobre la situación de equipos críticos y fundamentales para la operación de dicha planta, en donde hay varios que tienen fallas recurrentes, están sin garantías y otros incluso que no han funcionado, por otro lado es fundamental que el sistema de control y monitoreo de la planta también funcione, que tenga los equipos comunicados adecuadamente para que de esta forma tengamos una operación óptima», aseguró la gerente del acueducto de Bogotá, Cristina Arango.
Por su parte, el Consorcio Expansión PTAR Salitre denunció ante la Fiscalía las irregularidades que según ellos se han venido presentando en la ejecución del contrato que señalaron tiene por objeto el «diseño, construcción de las obras, suministro e instalación de equipos, puesta en marcha y operación de la optimización y expansión de la planta de tratamiento de aguas residuales El Salitre».
Así mismo, Gloria Giraldo representante legal Consorcio CEPS de esta PTAR, señaló que anteriormente, había solicitado medida cautelar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la Empresa de Acueducto por no realizar el mantenimiento a los equipos y en abril de este año solicitaron inspección judicial por equipos que operaban sobre su límite de horas máximas, poniendo en riesgo en su vida útil, causando contaminación ambiental.
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Dentro del peritaje realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros se encontraron fallas en algunos equipos, entre ellos de una centrifugadora que tras ser desmontada y analizada por la empresa alemana que fue la que la entregó, se encontró una varilla que no correspondía al equipo, es decir que presuntamente este pudo ser saboteado, por lo cual la maquina pasó a ser evidencia para ser analizada por la Fiscalía.
Adicional a eso, Giraldo señaló que muchos de los equipos que llegaron a Colombia en el año 2021 no han sido pagados por el Acueducto, lo cual, sumado al aumento inusitado del precio del dólar, está provocando una millonaria deuda que podría estar afectando las finanzas de los bogotanos.