Algunos educadores vinculados a este gran escándalo contactaron a los menores por redes sociales para que retiraran los cargos en su contra.
Con el pasar de las horas se siguen conociendo más casos de menores presuntamente abusados por docentes y directivos en el colegio Inem de la ciudad de Santa Marta. Lo que comenzó con un solo caso el viernes 20 de mayo, en cuatro días aumentó a 42.
La situación preocupa a los padres de familia y a los mismos menores implicados en los abusos, toda vez que el rector quien presuntamente estaría involucrado, aún sigue bajo el mando de la institución, lo que genera un ambiente de intranquilidad y miedo.
“Si el rector sigue al frente de la institución tras ser señalado, es muy difícil garantizar el derecho a la educación y las garantías de no repetición para todos los estudiantes”, indicó la Defensora de Derechos Humanos Jennifer del Toro.
Luego de las investigaciones y denuncias conocidas, se pudo establecer que no solo serían las niñas las afectadas en los abusos, sino también los varones fueron abordados por un docente encargado del área deportiva.
“Los jóvenes nos decían que el profesor de lucha del Inem les tocaba las partes íntimas, con chicos incluso grandes del grado 11 decían que los tocaba, les acariciaba el cuerpo, les decía que quería ser su novio e incluso ofrecía dinero para que los menores se dejaran practicar sexo oral”, agregó Del Toro.
La Defensora denunció por medio de Santa Marta Al Día, que los menores que denunciaron las conductas de los educadores, estarían siendo contactados por los mismos a través de las redes sociales para presionarlos a retirar los cargos.
“Estos profesores involucrados todo el fin de semana estuvieron escribiendo a los WhatsApp y a los Messenger de las estudiantes a pedirles que retiraran las denuncias, que dejaran de hablar y que bajaran los mensajes, es decir las estaban coaccionando para que ellas se quedaran calladas”, puntualizó.
Actualmente las autoridades trabajan de manera articulada para seguir escuchando los testimonios de los niños y jóvenes afectados, instaurar las denuncias correspondientes y judicializar a los involucrados en este aberrante caso.