Galán explicó que la responsabilidad principal corresponde al Gobierno nacional.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reiteró que las entidades del Distrito han trabajado de forma coordinada desde el año pasado para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad Emberá asentada en la ciudad. Según el mandatario, la capital no puede seguir asumiendo los costos que corresponden al Gobierno nacional, especialmente en lo relacionado con el retorno o reubicación de esta población.
El mandatario reveló que se ha invertido cerca de 22.000 millones de pesos en la atención a esta comunidad. Galán precisó que la prioridad ha sido garantizar los derechos de los menores, quienes actualmente se encuentran expuestos a riesgos al permanecer en espacios no adecuados como andenes, parques o zonas públicas, donde han estado durmiendo o residiendo.
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El alcalde enfatizó que el Distrito ha garantizado la presencia institucional en las unidades de protección integral, mientras persiste la ausencia de respuestas por parte del Gobierno nacional. Además, recordó que existen otras poblaciones en situación similar, como los campesinos ubicados en la Plaza de Bolívar, cuyas necesidades también siguen sin ser atendidas por el Ejecutivo.
Retorno y reubicación de la comunidad Emberá
Carlos Galán explicó que la responsabilidad principal en el proceso de retorno a sus territorios o reubicación en otras zonas del país corresponde al Gobierno nacional. Indicó que muchos integrantes de la comunidad Emberá desean retornar a sus lugares de origen, mientras otros prefieren ser reubicados. En ambos casos, afirmó, Bogotá no es la entidad responsable de liderar estas acciones, aunque ha asumido un rol activo para facilitar soluciones.
En 2024, se logró el retorno de un número significativo de miembros de la comunidad a sus territorios gracias a un esfuerzo conjunto entre el Distrito y la Unidad para las Víctimas. Esta acción incluyó una inversión considerable de recursos por parte de la ciudad, que se mantiene hasta la fecha, según informó el mandatario.
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Galán señaló que se han observado prácticas en las que se estarían utilizando a menores de edad para actividades que vulneran sus derechos. En días recientes, por ejemplo, durante un operativo de asistencia en inmediaciones del Parque Nacional, se registró la interferencia de adultos que impidieron la atención de niños y madres por parte de las autoridades distritales. Los funcionarios no lograron trasladar a los menores a lugares seguros porque miembros de la comunidad bloquearon el acceso a los vehículos dispuestos para su traslado.