Las acusaciones lo vinculan a contratos irregulares en Invías y la Ungrd.
El senador liberal enfrenta nuevas investigaciones por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. No es la primera vez que su nombre aparece en un caso de corrupción.
El senador Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal y representante de Risaralda, se encuentra en medio de una nueva controversia judicial.
Su nombre aparece en una lista de 28 congresistas investigados por la Fiscalía General de la Nación debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías).
De acuerdo con el medio Semana, las pesquisas señalan la existencia de un esquema de corrupción en el que se habrían direccionado recursos millonarios destinados a obras públicas a cambio de beneficios personales.
Uno de los contratos clave en la investigación está relacionado con un proyecto en el departamento de Bolívar, cuyo valor asciende a 14.860 millones de pesos colombianos (aproximadamente 3,6 millones de dólares).
Según las indagaciones, Gallo habría recibido ventajas indebidas en este proceso. La exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, ha sido una figura central en la investigación al proporcionar declaraciones detalladas sobre cómo se estructuró el presunto esquema corrupto.
La Fiscalía remitió una compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia, para que determine si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal contra los congresistas implicados, incluido Gallo. La Corte Suprema es la instancia encargada de juzgar a los legisladores en ejercicio, por lo que su intervención será crucial para definir el futuro judicial del senador liberal.
Antecedentes y otros escándalos
Este no es el primer episodio judicial que salpica a Gallo. En 2023, fue vinculado a un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Las investigaciones apuntaron a desvíos de recursos destinados a emergencias mediante contratos irregulares, como la entrega indebida de carrotanques para atender la crisis de agua potable en La Guajira.
Fuente / Infobae.