El proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros en Colombia superó sus debates legislativos.
Durante el lanzamiento del Festival de Verano en Bogotá, Daniel García, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), confirmó que las corridas de toros continuarán celebrándose en la plaza de toros de La Santamaría de la ciudad, por tres años más, pese a los avances legislativos en curso para prohibirlas a nivel nacional.
«Queremos resignificar la plaza como un espacio para la vida, donde se practiquen deportes, se promueva la cultura y se celebren actividades artísticas», destacó García, subrayando que la ley recientemente aprobada aún no ha sido sancionada y establece un período de tres años para la implementación de la prohibición.
Esta decisión contradice la postura previamente expresada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien había manifestado su intención de utilizar la plaza exclusivamente para eventos deportivos, excluyendo las corridas de toros.
El proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros en Colombia superó sus debates legislativos y ahora espera la revisión protocolaria de la Secretaría Jurídica de la Presidencia antes de ser sancionado por el presidente Gustavo Petro.
Esta iniciativa contempla un periodo de transición de tres años, durante el cual se llevará a cabo un censo del sector taurino para facilitar su reconversión laboral hacia otras actividades económicas.
Alejandro García Ríos, coordinador ponente del proyecto, enfatizó: «Ahora sólo falta la firma del presidente Gustavo Petro para iniciar la transición que pondrá fin a las corridas de toros en Colombia».
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Durante el cuarto año de implementación, las plazas de toros serán transformadas en escenarios culturales y deportivos, buscando fomentar el empleo y la economía local con actividades como conciertos, ferias y eventos lúdicos.
La controversia en torno al futuro de la plaza de toros La Santamaría refleja un debate persistente entre defensores y detractores de esta práctica tradicional, mientras las autoridades locales y nacionales buscan equilibrar las tradiciones culturales con las demandas de bienestar animal y los derechos de los ciudadanos.