La Procuraduría requirió información detallada sobre las medidas adoptadas para prevenir y atender esta grave situación.
La Procuraduría General de la Nación solicitó explicaciones a la Secretaría de Educación de Bogotá, por el aumento registrado en casos de violencia sexual que se ha registrado en los colegios públicos y privados de la capital.
El organismo requirió información detallada sobre las medidas adoptadas para prevenir y atender esta situación que ha venido en aumento en los últimos meses.
«Ante el preocupante incremento registrado en el número de casos de violencia sexual en colegios públicos y privados, registrado por la Secretaría de Educación de Bogotá, la Procuraduría requirió información detallada sobre las medidas adoptadas para prevenir y atender esta grave situación», dijo la entidad en un comunicado a la opinión pública.
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De acuerdo con la respuesta dada por ese organismo a un derecho de petición, elevado por la concejal de Bogotá, Diana Diago, entre enero y marzo de 2024 se registraron 1.664 casos de abuso en niños, niñas y adolescentes.
Además, en comunicación con la líder de la Secretaria Isabel Segovia Ospina, el Ministerio Público solicitó un reporte del número de situaciones registradas en el Sistema de Alertas Tempranas, en lo que va corrido del presente año, relacionadas con agresión escolar, acoso escolar, ciberacoso y casos de agresión escolar que puedan constituir presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual.
Incluso, le pidió que a partir de la fecha, le sean remitidas mensualmente las cifras actualizadas sobre estos casos.
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Así mismo, se debe incorporar la información sobre la existencia de un protocolo específico para el abordaje de los casos de abuso sexual en las instituciones educativas de su jurisdicción.
La Procuraduría también indagó sobre el cumplimiento, por parte de los establecimientos educativos, de las directrices ministeriales “para la adopción de medidas integrales y efectivas hacia la promoción, la prevención de la vulneración y la protección, garantía y atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.