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Fueron más de 4 años de estudio por parte del Tribunal Superior de Bogotá para la toma de decisión del fallo en segunda instancia que da vía libre al proceso de extinción de dominio a la reconocida la cadena de farmacias Drogas La Rebaja. Ahora quedarán en manos del Estado.
La decisión, de acuerdo a lo conocido hasta el momento y publicado en medios como Revista Semana, El Tiempo o Caracol Radio, fue tomada el pasado 11 de julio.
Dice parte de la cita del fallo que ha sido pública hasta ahora:
“Confirma el fallo proferido por el juzgado primero penal del circuito especializado de extinción de dominio de Bogotá el 28 de septiembre de 2016, en lo que fue materia de apelación en el sentido de extinguir el dominio de los bienes afectados al interior del presente trámite”.
Agregan la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de nulidad que existía y además, ratificó el fallo que como se precisa anteriormente, se había dado en el año 2016 contra la empresa que perteneció al Cartel de Cali.
Precisan que son alrededor de 883 los establecimientos comerciales y ocho sociedades, que pertenecen «a la distribuidora Drogas La Rebaja y la Cooperativa Copservir Ltda, avaluados en más de 25 millones de dólares», como detalla Caracol Radio.
Agregando que ya durante el año 2013 se había comenzado el proceso de extinción de dominio:
«Luego que la Fiscalía descubrió que los bienes que eran de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela pasaron a manos de esas cooperativas y empleados en un negocio de venta que se hizo solo en el papel», publicó el medio.
Es importante precisar que hasta el momento «no se conoce la totalidad del fallo», sin embargo se espera que en las próxima horas haya una notificación oficial y se publique la totalidad del fallo.
Recordó Revista Semana en artículo informando sobre la noticia del fallo, que «el negocio fundado por los hermanos Rodríguez Orejuela en los años ochenta se convirtió rápidamente en una de las 100 empresas más valiosas de Colombia, ya que alcanzó a tener presencia en casi 200 municipios con más de 872 locales y a facturar miles de millones de pesos».
Además, a partir del año 2005, autoridades colombianas intervinieron la cadena «por presunto lavado de activos del narcotráfico y su estrecha relación con los exjefes del Cartel de Cali, una de las empresas criminales más poderosas del país en los años ochenta y noventa».
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Lo anterior sumado a que ya «en 2002 le fue impuesta una acción de extinción de dominio, pues la Fiscalía contaba con pruebas que vinculaban la organización con actos delictivos; sin embargo, la acusación no prosperó y la cadena siguió trabajando hasta la actualidad», precisó Semana.
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