La Procuraduría constató en visita a la Secretaría de Educación que no existe fecha de contratación del PAE para atender a comunidades I.E.Nachasín y Nonam.
Noticias Valle.
En Buenaventura, la Procuraduría General de la Nación ha levantado su voz en favor de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas.
En un reciente pronunciamiento, la Procuraduría ha solicitado a las autoridades locales garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para estos grupos poblacionales, evidenciando una situación preocupante en la falta de acción por parte de las entidades competentes.
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Una visita realizada por representantes de la Procuraduría a la Secretaría de Educación local reveló una verdad incómoda: la ausencia de una fecha concreta para la contratación del PAE destinado a atender las necesidades alimenticias de las comunidades estudiantiles de las Instituciones Educativas Nachasín y Nonam.
La Procuraduría precisa que esta falta de acción no solo pone en riesgo el suministro de alimentos tan necesario para el adecuado desarrollo físico y cognitivo de los estudiantes, sino que también amenaza con desencadenar un fenómeno preocupante: la deserción escolar.
Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación ha emitido un control de advertencia dirigido a las autoridades pertinentes en Buenaventura.
La alcaldesa local, Ligia del Carmen Córdoba; la secretaria de Educación, Irlanda Rodríguez Castro; y el jefe de la oficina Jurídica de la Alcaldía, Edison Bioscar Ruiz, fueron señalados para que tomen medidas concretas que garanticen el suministro regular del PAE a las comunidades indígenas.
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En su comunicado, la Procuraduría destaca la importancia vital de asegurar que los estudiantes reciban los alimentos necesarios para su desarrollo, enfatizando que esto no solo se trata de una cuestión de nutrición, sino también de acceso a la educación y la garantía de otros derechos fundamentales.
Ante esta urgente situación, la Alcaldía de Buenaventura ha sido llamada a rendir cuentas sobre la situación en un plazo breve de cinco días hábiles. Este requerimiento busca poner en relieve la necesidad de una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades locales.
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