La Procuraduría pidió al Inpec, Uspec, Gobernación del Valle y Alcaldía de Tuluá, que evalúen el cierre de la cárcel antigua de Tuluá.
Lo que buscan es garantizar la vida de las personas privadas de la libertad porque puede estar afectada la infraestructura por el incendio.
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Según indicó Javier Augusto Sarmiento, procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, es una infraestructura que data de 1972. Por lo tanto, no tiene condiciones para albergar a personas privadas de la libertad.
Así las cosas, solicitó a la mayor brevedad, evaluar el cierre o sellamiento del penal.
Luego de practicadas las diligencias, los días martes y miércoles y de realizar la visita a la infraestructura, la Procuraduría indica que la estructura que cuenta con tres pabellones y dos pasillos, no cuenta con los estándares mínimos de la vida en reclusión.
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La solicitud se realiza dos días después de un incendio que se registró al interior del pabellón 8 de la cárcel y que dejó 52 personas muertas.
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