De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas mortales «vendían cupos de entre $2 y $6 millones» para ingresar a laborar a la universidad.
Noticias Cali.
Un rumbo bastante complejo es el que tomó la investigación del caso de las sindicalistas María Elena y Gloria Cecilia Mendoza, tía y sobrina, quienes fueron asesinadas el pasado martes 22 de febrero cuando se dirigían a su trabajo en la Universidad del Valle.
Policía, Fiscalía, CTI, Sijín y Alcaldía confirmaron este jueves la capturada de la autora intelectual y material del doble homicidio.
Una mujer identificada como Lady V. y Víctor H., éste último conocido con el alias de Ak-47.
Quienes según lo informado y hecho público por la Fiscalía Seccional Cali, el homicidio de las dos mujeres, se habría cometido «en retaliación por una diferencia de dinero«.
Sobre los hechos, Sandra Eugenia González Mina, directora seccional Fiscalía Cali, recordó que los hechos en mención ocurrieron el 22 de febrero.
Caso que fue atendido por «un grupo especial con un fiscal de la estrategia de esclarecimiento, componente de Policía judicial, CTI y la Policía Nacional«.
Quienes lograron recaudan múltiples pruebas que llevaron a «identificar a dos de los presuntos responsables de estos hechos” y conocidos detalles que hoy han llamado la atención.
Detalló la directora del ente fiscal en la capital vallecaucana, que las dos víctimas mortales pertenecerían presuntamente «a una red de estafadores«.
Precisó que «estarían vendiendo cupos para vincular personas» a la universidad, dichos cupos tenían precios que «oscilaban entre los $2 y $6 millones dependiendo del perfil del cargo al que aspiraba la persona”.
Aseguró que lo que habría detonado el doble crimen, es que las personas que habían comprado los cupos a través de la mujer capturada, que a su vez contactó a las víctima mortales, reclamaron al no obtener respuesta laboral y tampoco la devolución del dinero, dijo Sandra Eugenia González Mina, directora seccional Fiscalía Cali.
Por estos hechos, confirmó Mina, que se «les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones agravado. Un juez les impuso medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario».
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