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Hace dos años, varias ONG’s denunciaron ante la Corte Constitucional una reducción injustificada por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Hoy, en tan solo 10 meses, el DANE debe llevar a cabo un estudio de evaluación de las causas que llevaron a ese resultado, entre otras medidas más.
Los accionantes encontraron una reducción del número de personas afrocolombianas dada durante el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 2018, en ese entonces a cargo del exdirector, Juan Daniel Oviedo.
Claramente, estas deficiencias vulneraron los derechos fundamentales de la población afrocolombiana en general, afirmaron.
De acuerdo, a Daniel Gómez Mazo, abogado perteneciente a la ONG ILEX Acción Jurídica, esta contabilización fue inexacta al comparar los resultados de años anteriores.
«Mientras que el censo de 2005 contó a 4´311.757 personas afro en el país, el censo de 2018 contabilizó apenas a 2´982.224», señaló Gómez.
La vulneración de derechos se materializó en una contabilización inexacta de la población afrocolombiana en el censo 2018. Mientras que el censo de 2005 contó a 4´311.757 personas afro en el país, el censo de 2018 contabilizó apenas a 2´982.224.
— Daniel Gómez-Mazo (@danielmazo78) August 23, 2022
Lo anterior, supone a una disminución del 30,8% con respecto al número de personas afrocolombianas contabilizadas respecto al censo anterior, realizado 13 años atrás.
En su defensa, el DANE admitió que en el proceso ocurrieron múltiples dificultades que se tuvieron que enfrentar.
Tales como «problemas de seguridad en los territorios, desconfianza de la gente al ser censada, falta de capacitación en el personal censista y falencias en la ejecución misma del proceso censal», así según precisa el comunicado oficial de la Corte.
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Por esta razón, se propuso establecer una Mesa Técnica para poner en marcha acciones que permitieran solucionar el problema.
La decisión
En efecto, la Sala Primera de Revisión, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, falló a favor de las comunidades afectadas.
Argumentando que, las falencias que tuvieron lugar en el Censo del 2018 y dieron como resultado dicha disminución «constituye un incumplimiento al rol que le corresponde al Estado en la garantía del derecho a la igualdad material».
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Según la Sentencia, estas omisiones afectan «el reconocimiento oficial de las diversidades en la población colombiana».
Como también, «obstruyen el diseño de políticas públicas idóneas que permitan superar las enormes brechas que golpean de forma desproporcionada a las poblaciones afrocolombianas”, puntualizó el Alto Tribunal.
El DANE debe responder
«Como el daño ya está hecho», el DANE no puede remediar el error con ejercicios estadísticos de menor alcance. Sin embargo, la Corte falló de fondo y profirió ordenes generales para prevenir este tipo de situaciones.
La primera es realizar un estudio de evaluación sobre las causas que han dificultado y hecho disminuir la identificación de la población negra en el país en los últimos 3 censos (1993, 2005 y 2018).
La Corte exhortó a la entidad a continuar con la implementación del enfoque diferencial étnico-racial, como también le ordenó diseñar un Plan Integral de Preparación para el Censo en materia de identificación del pueblo afro.
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