El proyecto de ‘Ley de Solidaridad Sostenible’, la nueva reforma tributaria que presentó el gobierno de Iván Duque, plantea dentro de sus 163 artículos una serie de medidas que impactan los servicios públicos.
El proyecto propone que los usuarios de los estratos 1,2 y 3 sean excluidos del pago de Impuesto de Valor Agregado (IVA) en los servicios públicos de energía, gas domiciliario, acueducto y alcantarillado y aseo, lo que implica que del estrato 4 en adelante estos servicios estarán gravados.
La primera crítica que surgió sobre el tema vino justamente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco).
Según el gremio de los servicios públicos, si se grava a los usuarios de estratos 4, 5, 6, sumado a los del sector comercial e industrial con el IVA en sus facturas, se estima que implicará un costo adicional al año de $4 billones en energía eléctrica y de $320.000 millones en gas natural.
“No es conveniente que un impuesto como el IVA con tarifa del 19% se extienda a los servicios públicos domiciliarios que, de hecho, forman parte de la canasta básica de los consumidores. En particular, el estrato 4, que no pagaba contribución, va a ser el más perjudicado”, sentenció el presidente de Andesco, Camilo Sánchez.
El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, aclaró en diálogo con La FM que este impuesto va a sustituir la sobretasa de 20% que hoy pagan los estratos 5 y 6 y los sectores industrial y comercial. “Hoy en los servicios públicos de energía y gas tenemos un sistema de solidaridad en que pagan una contribución para que reciban los subsidios los estratos bajos”.
Andesco señaló, sin embargo, que si junto con esta medida se elimina la contribución que hoy pagan estratos 5, 6 e industrial y comercial, se tendría como resultado “un déficit del esquema de subsidios para los 1, 2 y 3, que implicará mayores recursos del PGN para cubrirlo de $1,5 billones”.
Además, para el estrato 4, el gremio calcula que tendría que pagar un valor adicional en su factura estimado para un año de $205.000 millones para energía eléctrica y $37.000 millones para gas natural.
OTROS SERVICIOS
En el caso del acueducto, alcantarillado y aseo, Andesco señala que para las empresas del sector se generaría un riesgo más en la caja, pues hoy enfrentan un aumento en la cartera y usuarios morosos, además de la imposibilidad de corte y suspensión.
“Una vez facturado ese IVA a los usuarios, dicho valor debe trasladarse a la Dian en el periodo siguiente, independientemente de si el cliente final paga o no la factura, lo cual generaría un riesgo más en la caja de las empresas”, dicen.
Así mismo, Carlos Costa, presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal), señala que “los estratos altos ya están pagando más del valor del servicio, respondiendo al principio de solidaridad, y en algunos casos es un porcentaje bastante importante, dependiendo del municipio”.
Según Costa, Colombia es uno de los pocos países que tiene como principio que el costo de la prestación de los servicios sea recuperado, y eso, aunque tiene sentido, se materializa con la aplicación de los subsidios cruzados en que los estratos 5 y 6 contribuyen.
Además de estos servicios, en la exposición de motivos se propone que estén exentos “los servicios de conexión y acceso a internet de los usuarios residenciales y rurales de los estratos 1 y 2”, y que “en el caso del servicio telefónico local, se excluyen del impuesto los primeros trescientos veinticinco (325) minutos mensuales del servicio telefónico local facturado a los usuarios de los estratos 1 y 2 y el servicio telefónico prestado desde teléfonos públicos”.
Allí, Andesco cuestiona que para el sector TIC y TV, la reforma “genera cargas adicionales a la existentes, ya que en la actualidad asume una carga alta en comparación con los demás”.
MODELO DE SUBSIDIOS
Dentro de esa exposición de motivos de la reforma se menciona también que el sistema de subsidios a los servicios públicos domiciliarios, en Colombia, que presenta un esquema de subsidios cruzados, “en la práctica, estos carecen de progresividad debido a que el estrato de la vivienda en la que habita un hogar no guarda correspondencia con su nivel de ingresos”, por lo que propone transitar a un nuevo programa de transferencias monetarias.
De hecho, según la propia reforma, 6 de cada 10 hogares con los ingresos más altos del país reciben subsidios para el pago de las facturas de servicios públicos.
Marc Hofstetter, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, cuestiona que esta propuesta se contradice con la imposición de impuestos por estratos.
“Lo que tenemos que hacer como sociedad es transitar hacia un esquema en que si va a haber subsidios a los servicios estén basados en la capacidad económica de los hogares y no en el estrato, que es una variable que aproxima de forma muy imprecisa esa capacidad económica. Hay grandes errores de inclusión, si vamos a seguir con esta reforma hay que limar esa incongruencia”, aseguró.
IMPACTO SE SENTIRÍA EN 1,26 MILLONES DE HOGARES
Si bien el gravamen aplicaría a varios servicios, la energía ha llamado la atención por el cambio que tendría en la sobretasa y la inclusión del estrato 4.
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