La disciplinada avaló la contratación con el Centro Docente Ana Victoria, el cual no estaba en capacidad de brindar educación para los 2.000 cupos que ofertó. Por esta razón, la Procuraduría decidió para ella la destitución e inhabilitación.
Noticias Valle.
En un reciente y contundente fallo, la Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado por 10 años a la exsecretaria de Educación de Buenaventura, Valle, Yenny María Angulo Quintana (2013-2015).
Esta decisión se fundamenta en la comprobación de su aval a la contratación con el Centro Docente Ana Victoria, una institución que demostró no estar en capacidad de brindar educación para los 2.000 cupos que ofertó, generando un grave detrimento patrimonial de $2.552’400.000.
Durante su gestión, Angulo Quintana dio el visto bueno a un contrato con el Centro Docente Ana Victoria, que prometía ofrecer servicios educativos para una gran cantidad de estudiantes. Sin embargo, la realidad fue otra: la institución no estaba preparada para cumplir con dicha demanda, lo que obligó a la secretaria de Educación a subcontratar servicios con otras entidades educativas para cumplir con la cobertura pactada.
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La Procuraduría General de la Nación evidenció que las instituciones subcontratadas no estaban inscritas en el banco de oferentes y que el contratista no era idóneo, careciendo de un buen desempeño tanto académico como administrativo y de una infraestructura física adecuada.
Además, las metodologías de enseñanza del centro docente no reportaron resultados satisfactorios en las pruebas saber, lo que evidenció la falta de calidad en la prestación del servicio educativo.
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La exsecretaria de Educación, al avalar la contratación con una institución que claramente no cumplía con los requisitos establecidos para la prestación de servicios educativos, desconoció el principio de responsabilidad y el deber de selección objetiva que rigen la contratación estatal.
Para la Procuraduría, Angulo Quintana no actuó priorizando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes para garantizar un servicio educativo de calidad. Esta falta de diligencia en la selección del contratista y la supervisión de los servicios contratados llevó a un detrimento en la calidad educativa y en el uso eficiente de los recursos públicos.
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El Ministerio Público calificó la falta de la exfuncionaria como gravísima a título de culpa gravísima. Esta calificación refuerza la gravedad de los actos cometidos y la responsabilidad que recae sobre la exsecretaria de Educación de Buenaventura, Valle.
Es importante destacar que el fallo de primera instancia quedó en firme, ya que los sujetos procesales involucrados no interpusieron recurso de apelación. Esto refleja la contundencia de las pruebas presentadas y la validez de la decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación.
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