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Otro escándalo en Tumaco: Irregularidades en manejo de $9.461 millones, hay fallecidos afiliados al sistema de salud

Publicado por
Martha Montoya

El proceso de mayor cuantía tiene que ver con el no funcionamiento y puesta en operación del sistema para el suministro de agua potable. La contraloría identificó irregularidades en 7 proyectos.

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Ante presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados al Distrito de Tumaco, la Contraloría inició una investigación sobre 7 procesos de responsabilidad fiscal por un valor de $9.461 millones.

Y es que uno de los proyectos de mayor cuantía corresponde a la Ampliación del suministro de agua potable para el sector de la Isla el Morro, por valor de $4.684 millones.

Allí se identificó que el proyecto no se encuentra en funcionamiento, debido a que no se realizó el empalme con la red urbana del Municipio de Tumaco.

Esta situación afecta a 4.656 usuarios contemplados como beneficiarios del proyecto, quienes continúan con el suministro de agua mediante la red antigua.

Contratos en colegios

Por otro lado, La Contraloría también adelanta una investigación en la suscripción de 836 contratos de prestación de servicios para vincular personal a las instituciones educativas durante el 2020.

En este caso, se desconoció la proyección de necesidades de personal para dicho año, efectuada por la Secretaría de Educación Municipal, que previó un máximo de 367 personas a vincular.

Dicha proyección fue ajustada en el mes de agosto de 2020, aumentando a un total de 391 los contratos que se requerían.

Así mismo, la Contraloría evidenció irregularidades en la ejecución del contrato de “Construcción de una Planta de tratamiento de aguas residuales Urbanización Brisas La Ciudadela.

Dicho proyecto fue suscrito entre el Municipio de Tumaco y el Consorcio Las Brisas 2018, por valor inicial de $1.788 millones. El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en Actuación Especial adelantada por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la CGR.

El proyecto ha presentado múltiples incumplimientos del contratista en el cronograma de actividades, entre otras irregularidades.

Otra de las presuntas irregularidades detectadas se evidenció en la facturación de los servicios de salud (medicamentos y procedimientos), prestados por el Hospital San Andrés a 3 Entidades de Planes de Beneficios (EPS), por un valor de $1.079 millones.

Otras irregularidades

Así mismo, durante su visita a Tumaco, La Contraloría también reveló presuntas irregularidades en la presentación de las facturas y cuentas de cobro de los servicios de salud prestados por el Hospital San Andrés a las distintas Administradoras de Planes de Beneficios.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en una auditoría en la cual se evidenció que de las 7.343 facturas no cobradas por el Hospital, hasta el momento de realización de la misma, 1.090 corresponden a EPS liquidadas o en proceso de liquidación.

El Hospital, al no radicar la facturación, no gestionó su cobro, lo que implica que los costos de los servicios prestados a los pacientes de dichas EPS no tienen ya la posibilidad de recaudo, lesionando así los recursos públicos de la E.S.E.

Además se evidenciaron presuntas irregularidades detectadas en el pago de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) para el apoyo en centros educativos de Tumaco.

Se determinó que la administración pagó 327 órdenes de prestación de servicios para el cumplimiento de funciones  en los centros e instituciones educativas de su jurisdicción, a pesar de que no existen soportes o evidencias del cumplimiento de las funciones contratadas, ocasionado un daño patrimonial en cuantía de $193 millones.

Finalmente la Contraloría evidenció presuntas irregularidades detectadas en el proceso de reconocimiento y pago de afiliados al sistema de salud en el régimen contributivo, por registros duplicados, inexistentes en la Registraduría Nacional del Estado Civil, fallecidos y multiafiliados.

El proceso surgió de una Auditoría de Cumplimiento que adelantó la Gerencia Departamental de la CGR.

Allí se evidenció que en 5.082 registros presentan inconsistencias tales como beneficiarios duplicados, inexistentes en la Registraduría Nacional del Estado Civil, docentes, fallecidos y multiafiliados en el régimen contributivo, lo cual generó apropiaciones y reconocimientos sin justa causa.

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Martha Montoya

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