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«$1680 una ración del PAE, la más barata del país y hay que mejorarla» para los estudiantes en Pasto

Publicado por
Martha Montoya

Piden que el próximo operador sea investigado antes de ser contratado para que «no se vuelvan a presentar inconvenientes. Concejal de Pasto denuncio detrimento patrimonial con recursos del PAE».

Noticias Pasto.

Tras las inconsistencias que presentó el Programa de Alimentación Escolar, PAE, durante el primer periodo académico, ya se aprobó el próximo proyecto que tendrá vigencia desde el primero de agosto hasta terminar el año escolar y que estará regido por la suma de más de siete mil millones de pesos en la zona rural y urbana del municipio.

German Chamorro, alcalde de Pasto, mencionó que desde la administración se tendrán en cuenta varios puntos para realizar mejoras en la prestación del servicio.

Entre estas, es que el nuevo operador para la prestación del servicio de alimentación escolar, debe aumentar el costo de la ración.

Chamorro, denunció que parte de la ‘baja calidad y cantidad’, se debe a que «antes se maneja en un costo de $1680, la más barata del país».

De esta forma se busca garantizar una buena alimentación escolar, y que sea «digna» para la comunidad estudiantil.

Puede leer: Ni seis meses duró: operador del PAE en Pasto terminó contrato, piden a la Contraloría intervenir

Además, Chamorro reclamó que el gobierno nacional es quien debe tomar cartas en el asunto y «no dejarle toda la responsabilidad a los gobiernos locales», frente al tema del PAE.

Emergencia manifiesta, presunta irregularidad

Mientras tanto, para garantizar la alimentación escolar de los días restantes a la finalización del primer periodo académico, se realizaron otras gestiones para garantizar el servicio.

Tras la declaración de Emergencia Educativa por todos los inconvenientes que se presentaron durante el primer periodo, se declaró una Urgencia Manifiesta, que le permitía a la Alcaldía de Pasto hacer una contratación directa, sin necesidad de que la propuesta fuera aprobada por el Consejo Municipal.

Para este caso, la licitación del operador o entidad que prestará el servicio del PAE durante la emergencia de 10 días, que inicia desde el 23 de junio hasta el 8 de julio.

Son 10 días con una inversión de 1.490 millones de pesos.

Ante ello, Manuel Prado Chiran, concejal de Pasto denuncia y pide que el contrato de Emergencia Manifiesta, sea investigado por un presunto detrimento patrimonial.

Le mencionó a Última Hora Pasto, que desde el concejo municipal que han solicitado las actas textuales y la investigación desde entidades como; Procuraduría, Personería y Fiscalía.

Además, cuenta que el operador que prestará el servicio durante estos días, aparentemente ya ha tenido problemas en otras ciudades.

Manifiesta que según una denuncia de La Silla Vacía, que se conoció en Twitter, la entidad pertenece a Bucaramanga y tiene nexos con multiactivos del Huila, facturando precios muy elevados en sus productos y otras inconsistencias.

Manuel Prado resaltó, que en 10 días no tiene sentido hacer una contratación por 1.490 millones de pesos que elevara los costos de esa ración, para cubrir la alimentación de 34.500 estudiantes.

Piden investigación

La comunidad pide que se de garantías en que el operador para la nueva contratación, no esté vinculado con procesos que pongan en riesgo la alimentación escolar.

Y de esta forma no se vuelvan a presentar los problemas anteriores. «Los más perjudicados con los niños de nuestro municipio».

Cerca de 3 a 4 meses, los estudiantes recibieron alimentos en malas condiciones, con una ración que no cubre sus necesidades nutricionales.

Además las manipuladoras de alimentos, no recibieron su pago.

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Hay niños que por su situación económica salen de sus casas sin consumir un alimento con la esperanza de hacerlo en su institución educativa.

Por esto que piden que se vele por el buen funcionamiento del  programa de alimentación escolar.

«La alcaldía de Pasto y Secretaria de Educación tiene que hacer un seguimiento desde el inicio y no esperar a que hayan informes públicos, demandas públicas por la mala prestación del servicio», denuncian.

 

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Martha Montoya

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