JEP crea subsalas para resolver situación jurídica de miembros de la fuerza pública, que no fueron considerados máximos responsables de ‘falsos positivos’ en Casanare

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La JEP creó tres subsalas destinadas a definir la situación jurídica de aquellos miembros del Ejército y la Policía Nacional que no fueron encontrados como máximos responsables en los asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate por agentes del Estado (antiguamente conocidos como ‘falsos positivos’) cometidos en la Costa Caribe, el Catatumbo y Casanare, en el marco del Caso 03.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP es la competente para definir la situación jurídica de estos comparecientes que fueron integrantes de algunas unidades militares y que no fueron considerados máximos responsables por la Sala de Reconocimiento en graves crímenes que estudia el Caso 03. Por ello, fueron remitidos a la SDSJ a través de los autos SRVR 029 del 23 de febrero de 2022, 040 del 23 de marzo de 2022 y 055 del 14 de julio de 2022.

Esos comparecientes entrarán a un proceso para definir su situación jurídica sin que ello les acarree una sanción. La SDSJ recaudará y contrastará la información necesaria para, de manera independiente, decidir sobre la situación jurídica de esas personas.

Así mismo, estas subsalas tendrán la tarea de revisar otros casos que se salgan del ámbito temporal que investigó la Sala de Reconocimiento y que tengan abierto un proceso en la justicia ordinaria, que hagan parte de las unidades militares tenidas en cuenta en el Caso 03 y que hayan ocurrido en la Costa Caribe, el Catatumbo o Casanare. Lo anterior, con el fin de continuar con el proceso transicional bajo las prácticas o patrones macrocriminales ya determinados, si llega a ser necesario.

Se espera que en el futuro estas subsalas puedan hacer una redistribución de las regiones para llevar nuevos trámites no sancionatorios de otros macrocasos que remita la Sala de Reconocimiento para avanzar en el proceso de definición de la situación jurídica de aquellos comparecientes que no sean considerados máximos responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que investiga la JEP.