Investigan posible corrupción en contrato para construir la nueva sede de Policía en Arauca

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Fuentes cercanas a la Dirección Especializada contra la Corrupción, de la Fiscalía General de la Nación, le confirmaron a RCN Mundo que fueron detectadas varias irregularidades en el contrato 128 de 2016, que contempló la construcción de una nueva sede para las dependencias de policía judicial y de inteligencia de la Policía Nacional, en Arauca.

Según se conoció el contrato se pactó inicialmente en 16.100 millones de pesos; posteriormente tuvo tres adiciones presupuestales por 5.500 millones de pesos, por lo que en total el contrato ascendió a 21.600 millones de pesos. 

Por otro lado, hay que señalar que se fijó un plazo de ejecución de 210 días; tiempo que no fue respetado ya que las obras se interrumpieron en 11 oportunidades y las instalaciones se entregaron dos años después.

De acuerdo a las investigaciones reveladas por la Fiscalía, entre los presuntos responsables de las distintas anomalías están el entonces contratista José Luis Ruiz Barrios, quien es el actual secretario de Planeación de Arauquita (Arauca); y los interventores Luis Carlos Montilla Melo y Roberto Carlos Valcarcel Sarmiento.

Según la Fiscalía, estas personas fueron señaladas por el delito de peculado por apropiación. En ese sentido, el director  especializado contra la corrupción, Eduar Alirio Calderón, aseguró que «con el material de prueba, el contratista recibió un anticipo de 8.210 millones de pesos, el cual habría sido destinado para cubrir gastos personales y ajenos al objeto del contrato, entre estos, préstamos a los empleados, un sobregiro a un familiar del entonces gobernador del departamento, financiamiento de otros proyectos y pagos a empresas que no hacían parte del consorcio contratista».

Entre otros detalles, la Fiscalía indicó que se evidenció una posible doble contabilidad. «Una con ingresos y egresos reales; y otra con cifras maquilladas. Todas estas maniobras ilícitas, supuestamente, permitieron al señor Ruiz Barrios y a los dos interventores apropiarse de recursos públicos por 4.318 millones de pesos».