El Ministerio Público le hizo la solicitud a la alcaldesa de Santa Marta, a los delegados del gobierno departamental, registradores municipales y Policía.
En las últimas horas la Procuraduría General de la Nación, pidió a la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, delegados del gobierno departamental, registradores municipales y Policía, informar las gestiones realizadas para garantizar el orden público y la prestación del servicio de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la capital del Magdalena.
En la comunicación enviada por las procuradurías regional Magdalena y provincial Santa Marta se indica que las labores de la Registraduría en esta ciudad se mantienen interrumpidas desde el pasado 02 de octubre por amenazas de toma a sus instalaciones.
El Ministerio Público señala en un comunicado que lo anterior afecta los derechos fundamentales como la identidad de los colombianos, fe pública registral, su participación en el proceso electoral y que restablecer los servicios debe ser una prioridad.
Cabe anotar, que la entidad fue cerrada desde el pasado 29 de septiembre, luego de una manifestafición realizada a las afueras de la sede por parte de simpatizantes del partido Fuerza Ciudadana, quienes exigían permitir la inscripción de uno candidato, tras la destitución de Patricia Caicedo por parte del CNE.
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