Los miembros del Consejo de Política Social recomendaron que la alternativa que se adopte sea la de urgencia manifiesta.
Durante la realización de la sesión extraordinaria del Consejo Extraordinario de Política Social del Departamento, la mayoría de sus miembros respaldaron y recomendaron que se adopte la declaratoria de urgencia manifiesta, propuesta presentada por el gobernador Carlos Caicedo.
Con esta declaratoria se buscaría hacer la contratación en el menor tiempo posible, del Programa de Alimentación Escolar-PAE- en el Magdalena.
En este espacio, el gobernador socializó con sus miembros, tres alternativas para poder ejecutar el PAE y así darles la alimentación a 141 mil estudiantes en 28 municipios no certificados del Departamento.
La primera alternativa presentada por el mandatario, fue hacer una nueva licitación, que implicaría mínimo 45 días para poderse contratar, lo que podría tomarse más tiempo de la mitad del segundo semestre y seguir afectando a los estudiantes.
En segundo lugar, presentó la firma de un convenio con alguna entidad experta sin ánimo de lucro, después de la Ley de Garantías.
Finalmente, la tercera propuesta fue la declaratoria de Urgencia Manifiesta, que le permitirá a la gobernación, hacer la contratación directa con un solo oferente y que los niños, niñas y adolescentes del Departamento, tengan acceso al PAE lo más pronto posible.
“Apelamos a este Consejo de Política Social para conocer el punto de vista de los mandatarios locales y de todos sus integrantes, para saber la mejor ruta para ejecutar el PAE. Vamos a buscar también, el acompañamiento de los órganos de Control y presentar estas iniciativas en otras instancias como el Consejo de Juventudes”, indicó el mandatario.
Por su parte, el director del Instituto Nacional del Bienestar Familiar- ICBF-, Mario Orozco, indicó que el departamento puede ampararse en la Ley para tomar una decisión, ya que los derechos de los niños, niñas y adolescente siempre deben prevalecer.
Es importante mencionar que, la declaratoria de Urgencia Manifiesta, también fue recomendado por la Junta Departamental de Educación, -JUDE- como una solución viable.
En el Consejo estuvieron de manera presencial y virtual 39 personas entre ellos 16 alcaldes, los representantes para el departamento del ICBF, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Trabajo, comandantes de la fuerza pública y miembros del gabinete departamental, entre otros.
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