Policía samario fue enviado a la cárcel por cobrar dinero para no atrapar a presuntos delincuentes

Según la Fiscalía, los individuos capturaban a personas que estarían involucradas en delitos y los retenían hasta que accedían a pagar sumas que oscilaban entre los 5 y 12 millones de pesos.

Una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Cundinamarca, en articulación con el Gaula de la Policía Nacional, permitió identificar y judicializar a tres policías que, presuntamente, serían responsables de exigir dinero a personas que estarían implicadas en delitos, con el objetivo de no capturarlos.

Se trata de los patrulleros Campo Segundo Escobar Jiménez, natural de Santa Marta, Iván Darío Mejía Díaz y Jesús Yoleanis Parra Carrillo, adscritos a la estación de Policía de Soacha, Cundinamarca.

Al parecer, los uniformados habrían aprovechado sus cargos para instalar falsos puestos de control donde, se cree, capturaban a personas que estarían involucradas en delitos y los retenían hasta que accedían a pagar sumas que oscilaban entre los 5 y 12 millones de pesos.

La investigación da cuenta que los tres funcionarios aprovechaban las horas de la noche para realizar las actividades ilícitas.

De la misma manera, se logró determinar que los uniformados contaban con la ayuda de personas que adicionalmente apoyaban falsas versiones que inculpaban a las personas que eran retenidas y de esa manera daban mayor credibilidad a la supuesta judicialización.

De acuerdo con las denuncias, los ahora procesados estarían involucrados en, por lo menos, ocho eventos durante los cuales se habrían apropiado de cerca de 50 millones de pesos.

Uno de los casos más recientes se registró el pasado 11 de mayo, cuando fueron retenidas tres personas, aparentemente, responsables de porte de sustancias alucinógenas. En la investigación se estableció que los presuntos implicados habrían recibido cinco millones de pesos por parte de las víctimas. Dicho pago, habría impedido el reporte de las capturas ante las autoridades competentes.

Por estos hechos, una fiscal seccional imputó a los funcionarios los delitos de concusión, cohecho propio, concierto para delinquir y secuestro extorsivo. Un juez con función de control de garantías impuso a los investigados, medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios.