Juzgado niega tutela de testigo del caso Vives Caballero

Arturo Creus buscaba que la justicia instara a la Gobernación a que pagara la recompensa de $25 millones por el testimonio del accidente del 13 de septiembre.

El Juzgado Quinto Civil de Santa Marta negó la acción de tutela presentada por Arturo Creus, único testigo presencial del caso de Enrique Vives Caballero, con la que buscaba que la Gobernación del Magdalena le pagara la recompensa ofrecida por su testimonio.

Creus se transportaba por la Troncal del Caribe el pasado 13 de septiembre, cuando el carro conducido por Enrique Vives Caballero arrolló a siete personas y mató a seis, convirtiéndose en un testigo clave del hecho.

Sin embargo, el juez Romualdo Gómez Andrade negó la tutela, afirmando que carecía de objeto.

“Declarar la carencia de objeto por hecho superado dentro de la acción de tutela promovida por el señor Arturo Creus Maestre, actuando en nombre propio, contra la Gobernación del Magdalena, atendiendo las consideraciones que preceden”, afirmó el togado.

No hay ningún tipo de acuerdo entre la Gobernación del Magdalena y el señor Arturo Creus, el señor gobernador ofreció una recompensa para quien diera información que pudiese servir a la investigación y evitar la impunidad.

Por su parte, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la administración departamental, José Humberto Torres, afirmó que no existió un acuerdo entre la gobernación y Creus, porque él se presentó voluntariamente a la Fiscalía y entregó su testimonio.

“El gobernador había ofrecido una recompensa de 25 millones en un Consejo de Seguridad que se realizó con las familias víctimas de este hecho, a partir de allí el señor Creus de manera voluntaria, sin conversar con la Gobernación previamente, se presentó ante la Fiscalía, realizó una entrevista y pidió que se le pagara la recompensa”, afirmó Torres.

De acuerdo con Torres, la recompensa no era para una sola persona y en este caso se valora por parte de la Fiscalía General el testimonio a efectos de establecer responsabilidades.

“Él no quiso ingresar a los programas de protección de la gobernación, él lo que quería era el dinero. Le hemos dicho a él y a su apoderada que la gobernación mantiene el pago de la recompensa, solo que depende del pago de la misma la valoración que se haga de la utilidad de la información que ha entregado”, puntualizó el funcionario.

Finalmente, el juez ordenó que de no ser impugnado el fallo se remita el expediente a la Corte Suprema para su eventual revisión.

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