Deberán responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los exgobernadores de Magdalena, Luis Miguel Cotes Habeych y Rosa Cotes de Zúñiga, como posibles responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Los hechos que se les atribuyen están relacionados con el contrato 617 del 4 de octubre de 2013, que ascendió en valor a 432.010 millones de pesos y contempló el mejoramiento del tramo vial que conduce de Palermo a Sitionuevo, Remolino y Guáimaro, lo que se denominó en su momento como ‘Vía de la Prosperidad’.
De acuerdo con la Fiscalía, los elementos de prueba dan cuenta de que Cotes Habeych, en su condición de gobernador en el periodo 2012 – 2015, al parecer, tramitó y celebró en forma irregular el contrato cuestionado, principalmente por utilizar unos estudios y diseños desactualizados que terminaron por afectar su correcto desarrollo. En ese sentido, habría omitido su deber de vigilancia sobre el proceso contractual y permitido que avanzara en medio de sobrecostos.
Agrega, que estas irregularidades y los dineros que se dejaron de descontar al contratista por concepto de impuestos generaron pérdidas al departamento por 28.416 millones de pesos.
De otra parte, informa que Cotes de Zúñiga, quien ejerció como mandataria en Magdalena entre 2016 y 2019, dio vía libre a un otrosí y tres modificaciones hechas al contrato original, las cuales cambiaron las condiciones técnicas, presupuestales y de tiempo de ejecución definidas inicialmente. Por estas actuaciones, se pagaron 47.911 millones de más por la obra.
Señala, que en ese sentido, el proyecto que estableció la construcción de 52.6 kilómetros en 35 meses fue entregado muchos años después, con tan solo 18.2 kilómetros ejecutados. Además, el precio pactado de 8.213 millones de pesos por kilómetro pasó a 18.179 millones de pesos.
Informó además, que peritos especializados del CTI tasaron las pérdidas totales para el departamento en 76.327 millones de pesos. Estos dineros corresponden a valores de más que se reconocieron al contratista por un proyecto vial que quedó inconcluso y actualmente no cumple con los requerimientos fijados. Así lo acreditan videos y reconocimientos aéreos realizados.
El juicio en contra de los dos gobernadores comenzará en la fecha que fije la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
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