En un comunicado firmado por ‘Timochenko’.
La última cúpula de la extinta guerrilla de las FARC rechazó este jueves, dentro del caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que están imputados por crímenes relacionados con el secuestro en el conflicto armado, el último cargo añadido por «delito de esclavitud».
En un comunicado firmado por Rodrigo Londoño, conocido por ‘Timochenko’, y otros seis miembros de la última cúpula (Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime Parra, Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel), aseguraron este jueves «no estar de acuerdo jurídicamente con dicha imputación».
Se trata del caso 01 de esta Justicia creada por el acuerdo de paz para juzgar ‘ad hoc’ crímenes de guerra, llamado «Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad», en enero del año pasado la JEP imputó a los últimos ocho miembros del Secretariado de las FARC, máximo órgano de decisión de la guerrilla, tienen responsabilidad de mando por los vejámenes que sufrieron los secuestrados y los horrores que les causaron durante el conflicto armado.
Siete de ellos aceptaron las imputaciones, pero a finales del año pasado la JEP decidió imputarles también el «delito de esclavitud», a solicitud de la Procuraduría.
Ahora los acusados aseguran que «dicha decisión violaba garantías del debido proceso, al no haber existido la oportunidad procesal – por parte de nuestro equipo de defensa- para debatir la nueva calificación jurídica adicionada por el despacho».
Y por ello, argumentaron que «no se cumplen los requisitos legales para que -por los hechos reconocidos- se configure el delito de esclavitud», y se ofrecieron para explicar «las dinámicas mediante las cuales existieron trabajos impuestos por las FARC-EP en el desarrollo del conflicto».
El caso de los secuestrados
El Caso 01 es el más avanzado de los siete macrocasos que estudia la JEP sobre crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por las FARC y fuerzas del Estado, así como algunos terceros involucrados.
En este macrocaso, abierto en julio de 2018, hay acreditadas a 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública, y se han documentado no solo los secuestros realizados por la guerrilla, sino también vejámenes vinculados como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.
Una vez que los imputados aceptaron los cargos que se les imputaban, quedan pendiente que una audiencia donde víctimas e imputados puedan presentar sus alegaciones y de ahí la formulación de la sentencia, que conlleva penas alternativas centradas en la compensación y resarcimiento de las víctimas.
EFE
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