Soacha en crisis: Sin transporte ni agua en plena jornada de movilizaciones

Las consecuencias de estas movilizaciones han sido devastadoras para los soachunos.

Los ciudadanos de Soacha están enfrentando un panorama sombrío en términos de movilidad y acceso a servicios básicos debido a las protestas del gremio de transportadores. Camioneros, motociclistas y taxistas se han unido para manifestarse en contra del alza del ACPM y lo que consideran abusos por parte de las autoridades de tránsito, además de la regulación de las aplicaciones de movilidad. Las consecuencias de estas movilizaciones han sido devastadoras para los soachunos, quienes se encuentran atrapados en un caos vial con múltiples vías bloqueadas.

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El impacto en la movilidad ha sido severo, dejando a muchos residentes sin opciones para desplazarse dentro y fuera del municipio. Las principales arterias que conectan Soacha con Bogotá y otras zonas aledañas están paralizadas, lo que ha agravado aún más la situación de los habitantes.

A este crítico escenario se suma un nuevo golpe: la falta de agua. El Acueducto de Bogotá confirmó que, debido a los bloqueos en la Autopista Sur, no ha sido posible restablecer el suministro de agua que se cortó el 3 de septiembre como parte del racionamiento impuesto por el alcalde Carlos Fernando Galán desde abril. La medida, que busca hacer frente a la sequía que afecta a la región, ha dejado a Soacha en una situación aún más desesperada.

«Informamos a los usuarios del municipio de Soacha que el restablecimiento del servicio de agua después del turno de racionamiento tendrá retrasos debido a los inconvenientes de movilidad que se presentan en la Autopista Sur y que dificultaron la llegada de los operarios del acueducto para realizar la apertura del tanque de Cazucá«, señaló el Acueducto en un comunicado oficial.

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La combinación de la falta de transporte y la carencia de agua potable está generando una crisis humanitaria en Soacha, donde miles de ciudadanos están siendo afectados en su vida diaria. Mientras tanto, las autoridades locales y nacionales trabajan para encontrar una solución que permita normalizar la situación y garantizar los derechos básicos de los habitantes.