Siguen embolatadas las ayudas para la población vulnerable en Bogotá

La Secretaría de Integración social está siendo investigada y podría acarrear graves sanciones.

Un verdadero dolor de cabeza ha tenido que vivir adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad y ciudadanos de escasos recursos, quienes ya completan cerca de tres meses sin poder acceder a los beneficios otorgados por el distrito como bonos solidarios, albergues y comedores comunitarios, los cuales fueron suspendidos, debido a que los contratos no fueron renovados a tiempo. 

Precisamente, varios ciudadanos de la tercera edad y personas en condición de discapacidad, estuvieron manifestándose recientemente por la falta de garantías que requieren para poder subsistir.

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«Nuestro problema es que caímos en una desgracia económica bárbara, entonces lo que hemos podido sustraer es lo que los derechos humanos nos dan, pero realmente eso no es garantía de nada», «no tengo bonos, no tengo economía, entonces ¿Qué hago yo? me parece que ahí se está violando un derecho«, «tenemos problemas en salud, porque nuestras personas con discapacidad no tienen una garantía real para poder ser atendidas en salud, en educación, vivienda…», manifestaron algunos de los afectados.

A raíz de esto, la Contraloría de Bogotá inició una visita fiscal a la Secretaría de Integración Social, con el fin de investigar y esclarecer lo que viene sucediendo con los contratos para adquirir los bonos canjeables por alimentos y el servicio de cuidado para personas mayores de 60 años en situación de habitabilidad en calle. 

«La Contraloría de Bogotá ha dado inicio a una visita fiscal que nos permitirá documentar lo que viene sucediendo y determinar posibles hallazgos tanto fiscales como disciplinarios e incluso penales. La Contraloría de Bogotá va a revisar hasta donde sea necesario», aseguró el contralor Auxiliar, Carlos Orlando Acuña.

Por otro lado, la Personería de Bogotá dio a conocer que abrió una investigación y suspendió temporalmente a la subdirectora para la Vejez de la Secretaría de Integración Social, Sonia Gisselle Tovar, por presuntas irregularidades en la atención a la población adulta mayor.

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«Por haber incurrido en conductas que podrían constituir falta gravísima en el ejercicio de sus funciones. Esta actuación surgió con ocasión a una veeduría realizada por la personería delegada para la coordinación, prevención y función pública, a través de la cual se identificaron posibles faltas en la planeación e irregularidades en la ejecución del proyecto 7770, destinado a la atención de la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad», explicó Silvia Juliana Arciniegas personera delegada para la Potestad Disciplinaria.

Es importante mencionar que, aunque intentamos contactar a la secretaria de integración social para que explicara esta situación no fue posible; sin embargo, desde la entidad aseguraron que los contratos serán renovados a final de julio y que por ahora se están subsidiando mercados a las personas afectadas.