La entidad le pidió a la Alcaldía de la capital del país adelantar diálogos con esa comunidad.
La Procuraduría General de la Nación inició una vigilancia a la atención para las comunidades indígenas que se encuentran asentadas en el Parque Nacional en Bogotá.
Luego de visitas al lugar y de un encuentro de alto nivel con representantes de la Unidad de Víctimas, la Procuraduría le pidió a la alcaldesa Claudia López que adelante mesas de diálogo con los representantes de los 13 pueblos indígenas que permanecen en la zona.
“Preferiblemente, a través de las mesas técnicas propuestas por las autoridades indígenas, con el objetivo de revisar los compromisos plasmados en el Plan de Desarrollo Distrital (2020-2024)”, sostuvo la Procuraduría sobre esas mesas de diálogo.
De acuerdo con lo que explicó la Procuraduría, uno de los objetivos de ese plan es la “construcción conjunta con los pueblos y comunidades étnicas asentados en el Distrito, que conduzca a la inclusión de programas, planes y proyectos específicos; metas, indicadores, tiempos, responsables y asignación presupuestal dirigidos a la población étnicamente diferenciada”.
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Los indígenas llegaron al Parque Nacional luego de que fueran «sacados» del predio donde estaban viviendo en Ciudad Bolívar porque supuestamente malgastaron los dineros que les entregaba el Distrito para pagar el arriendo.
Desde la Alcaldía, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, aseguró que desde el año pasado les entregaban ayudas económicas que superaban los 1.900 millones de pesos, pero los indígenas supuestamente usaron esos dineros para diversión.
La Procuraduría anunció que, en el marco de esa situación, lideraron una mesa de trabajo institucional con la Unidad para las Víctimas, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo y Personería de Bogotá, para verificar los avances frente al retorno, reubicación e integración de los pueblos indígenas.
«En cumplimiento de su función preventiva, el Ministerio Público instó a un trabajo articulado y solicitó el cronograma de actividades que las dos entidades gubernamentales tienen previstas para la atención de estas comunidades, con la finalidad de ejercer vigilancia y control al plan de acción a seguir», sostuvo la Procuraduría.
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