Investigarán a funcionarios de ETB por anomalías en cronogramas

El Ministerio Público explicó que se busca esclarecer las posibles fallas en la gestión de los contratos.

Ante un posible detrimento patrimonial que superaría los 23.000 millones de pesos, la Procuraduría General de la Nación informó que se inició una indagación a algunos funcionarios, aún por determinar, de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).

La indagación se inició debido a un presunto detrimento relacionado con un negocio jurídico por 23.787 millones de pesos.

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El ente disciplinario aseguró que se están verificando las denuncias en los diferentes medios de comunicación, que afirman que «el contrato suscrito para el proyecto ‘Data Center Alma’ presenta serias anomalías en la planeación, construcción e implementación, así como una posible pérdida de la inversión realizada».

Por esta razón, el Ministerio Público explicó que se busca esclarecer las posibles fallas en la gestión de los contratos desde su concepción.

«Se busca esclarecer las presuntas falencias desde la concepción de los contratos, los cronogramas preestablecidos, el abandono de las obras civiles, la ausencia de controles efectivos por parte de los servidores públicos de ETB, entre otros», dijo la Procuraduría General de la Nación a través de un comunicado.

Con la apertura de esta indagación, la Procuraduría ha ordenado «la práctica de pruebas pertinentes para conocer las acciones que son objeto de investigación».

Procesos anteriores de la Procuraduría sobre ETB

Cabe recordar que en el año 2023, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por ocho meses al profesional especializado de ventas móviles de ETB, Félix Raúl Ortega Reyes, por presuntas irregularidades en dos contratos con Covintel S.A.S.

En esa ocasión, el Ministerio Público verificó que el funcionario inició los contratos 4600014580 del 10 de febrero de 2015 y 4600014741 del 4 de junio del mismo año, para los cuales fungía como supervisor, a pesar de que las pólizas de los contratos se aprobaron en fechas fuera del plazo establecido por la ley, por lo que no garantizó el cumplimiento de las obligaciones surgidas de los convenios.