Desde el Concejo de Bogotá hacen un llamado por esta crítica situación.
Desde el pasado mes de abril, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, declaró racionamiento de agua en toda la ciudad debido a la sequía en los embalses de Chingaza y San Rafael, ocasionada por el fenómeno de El Niño.
Los cortes de agua se realizaban por localidades con el objetivo de reducir el consumo mientras los embalses recuperaban su nivel. Una vez alcanzado el nivel adecuado, Galán anunció que el racionamiento se implementaría cada 18 días.
Sin embargo, la amenaza de una posible crisis hídrica ha resurgido debido a una alarmante disminución en los niveles de almacenamiento de agua en el embalse de Chuza, la principal fuente de abastecimiento para la ciudad, según destacó el concejal Andrés García Vargas.
En el recinto se mencionó que las cifras proporcionadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado son preocupantes. En la proposición 546 de 2024, se revela una tendencia descendente en el volumen almacenado en Chuza desde diciembre de 2021, situación que se ha agravado significativamente durante 2023. Teniendo en cuenta que el embalse registraba apenas 82 millones de metros cúbicos de agua, una cifra alarmante que pone en riesgo los recursos hídricos.
Esta realidad, que enciende las alarmas por un inminente desabastecimiento, resalta la necesidad urgente de tomar medidas correctivas y preventivas. La instalación de una mesa técnica entre los gobiernos distrital, regional y nacional, materializada el pasado 22 de abril, aunque constituye un paso en la dirección correcta, debió haberse concretado con mayor celeridad.
Ante este panorama desalentador, la ampliación de la capacidad de los sistemas de abastecimiento hídrico se presenta como una necesidad inaplazable. La implementación de plantas de tratamiento de agua residual, integrando componentes de circularidad y sostenibilidad, se presenta como una solución viable para garantizar la seguridad hídrica a largo plazo. Sin embargo, es fundamental que estas decisiones se basen en estudios técnicos exhaustivos que evalúen de manera integral los impactos sociales, ecológicos y económicos asociados a su implementación.
En paralelo a la implementación de infraestructuras, resulta indispensable una campaña de sensibilización conjunta por parte del Acueducto y la Secretaría de Ambiente, dirigida a la comunidad en general. Esta iniciativa, que debe trascender el carácter temporal y convertirse en un compromiso permanente, busca inculcar hábitos responsables en el uso y consumo del agua. La pedagogía ambiental debe ser un pilar fundamental en la construcción de una cultura ciudadana consciente del valor del agua y comprometida con su uso racional.
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