Gobierno le hace el feo a construcción de nueva cárcel en Bogotá: ¿no va a soltar el billete?

El Secretario de Seguridad de Bogotá, Oscar Gómez, anunció que ya se firmó el convenio para la construcción de nueva cárcel en la ciudad.

El  Secretario  de Seguridad de Bogotá Oscar Gómez  dijo que en el mes de abril de 2021 la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Ministerio de Justicia y del Derecho , el Inpec y la USPEC firmaron el Convenio 1127 para la construcción de la Cárcel Distrital II.

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Para la construcción el único compromiso que tiene que cumplir el Gobierno Nacional dentro del convenio firmado es la entrega de una parte de los predios de La Picota para iniciar la construcción del penal y hasta el momento no se ha hecho, asegura el secretario de seguridad Gómez.

También expresa en un comunicado la Secretaría de Seguridad, que no es cierto que desde el Distrito se le haya solicitado al Gobierno Nacional la financiación para la construcción de la Cárcel Distrital II, pues en el convenio están claramente establecidos los compromisos de parte y parte y por eso esta administración tiene previstos los recursos para la construcción del penal que contará con una capacidad de 3.000 cupos.

Para la Alcaldía de Bogotá, las excusas del Gobierno Nacional  no han permitido que el proyecto avance y año tras año han aplazado este compromiso que tiene con los bogotanos, mientras el hacinamiento y la impunidad siguen creciendo.

De acuerdo con cifras que se maneja en la Secretaría de Seguridad, en el 2019, Bogotá tenía una población privada de la libertad de 1.300 personas y luego de la medida tomada por el gobierno anterior de cerrar las cárceles nacionales, a raíz de la pandemia, el hacinamiento en estaciones y URIS se incrementó en un 200 %, mientras que en las cárceles nacionales se disminuyó en un 50 %.

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Se señala también que de acuerdo con el llamado deshacinamiento de cárceles nacionales ordenado por la Corte Constitucional se está haciendo deliberadamente desde el gobierno pasado al no recibir personas privadas de la libertad en esas cárceles a costa de hacinar las URIS y estaciones de Policía, un claro acto desleal contra los alcaldes de Colombia.

Para el Secretario de Seguridad se habilitaron más de mil 600 cupos para personas privadas de la libertad, en los años 2021 y 2022.

También se puso en funcionamiento el Centro Especiial de Reclusión en tiempo récord, con una inversión de 17 mil  millones de pesos.

El comunicado de la Secretaría de Seguridad asegura, “en esta Alcaldía no negociamos con delincuentes, el lugar donde deben estar es en la cárcel, no en las calles. Nuestra lucha es contra la impunidad. Confiamos en las instituciones y en la justicia para que aquellos que ponen en riesgo la seguridad de los bogotanos paguen por sus delitos”

También dice que si se habla de resocialización se trata, el mejor ejemplo lo tenemos en nuestra Cárcel Distrital, que es la única del país certificada por la Asociación Americana de Correccionales (ACA) por sus buenas prácticas y atención a las personas privadas de la libertad con programas reales de resocialización.