Esta situación podría marcar un precedente en la lucha por una movilidad más justa y eficiente en Bogotá.
El negocio de las grúas en Bogotá podría estar al borde del colapso tras una contundente denuncia del concejal y líder motero Julián Forero, quien reveló graves irregularidades en el servicio contratado por la Secretaría de Movilidad bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.
Forero, acompañado de su equipo de trabajo, realizó una inspección exhaustiva a 15 de las 40 grúas utilizadas para inmovilizar vehículos en los operativos de movilidad. Los hallazgos han generado controversia y han puesto en entredicho la transparencia del contrato 2018-114, firmado entre la Alcaldía y la empresa Grúas y Parqueaderos de Bogotá.
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Durante la inspección, el concejal identificó serias anomalías que comprometen la legalidad y seguridad del servicio:
El concejal Forero criticó la falta de coherencia de la Secretaría de Movilidad, señalando que mientras exige a los ciudadanos el cumplimiento estricto de las normas, permite que sus contratistas operen en flagrante incumplimiento de la ley.
“Es inaceptable que se predique una cosa y se haga otra. Estas irregularidades no solo comprometen la seguridad vial, sino que afectan la confianza de los bogotanos en las instituciones”, expresó Forero en sus redes sociales, etiquetando al Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte para que tomen cartas en el asunto.
La polémica ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformar el sistema de inmovilización vehicular en Bogotá. Ciudadanos y expertos en movilidad cuestionan si este modelo, que genera ingresos significativos tanto para las empresas contratadas como para el Distrito, se ha convertido en un negocio más que en un servicio.
Por su parte, Forero aseguró que continuará con las inspecciones y exigirá respuestas claras. “Los bogotanos merecen justicia y transparencia en la movilidad”, concluyó.
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La Secretaría de Movilidad aún no se ha pronunciado oficialmente sobre las denuncias. Sin embargo, los usuarios de redes sociales han manifestado su indignación, exigiendo explicaciones y una auditoría independiente al contrato.
El futuro del negocio de las grúas está en juego, y esta situación podría marcar un precedente en la lucha por una movilidad más justa y eficiente en la capital.
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