El llamado del Tribunal Superior de Bogotá fue realizado al Consejo Seccional de la Judicatura.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá emitió un oficio con carácter urgente al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, para que se implementen las medidas de apoyo que sean necesarias a favor de los Juzgados 31 y 26 Penal del Circuito de la capital, con el fin de lograr evacuar lo más pronto posible los procesos conocidos públicamente como «Reficar” e «IDU».
De acuerdo con los magistrados, la preocupación que se advierte se relaciona con los derechos de las víctimas y de que se haga justicia en estos casos, ante el riesgo que existe de que en dichas procesos puede operar la prescripción de la acción penal en el curso de este año, si no se adoptan medidas urgentes, pese a que son considerados casos de connotación nacional por la corrupción detectada en la millonaria contratación.
El oficio en el que se hace este llamado de alerta para que prescriban estos procesos de corrupción fue realizado directamente por el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, magistrado Mario Cortés Mahecha.
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La comunicación del Tribunal Superior se Bogotá fue dirigida a la Presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de la ciudad Emilia Montañez de Torres.
“Atentamente y de conformidad con lo acordado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, me dirijo a usted, y por su intermedio a los demás miembros de esa Corporación, para solicitarle implementar las medidas de apoyo que sean del caso a favor de los Juzgados 31 y 26 Penal del Circuito de esta ciudad, a fin de que logren evacuar lo más pronto posible los procesos conocidos públicamente como “Reficar” e “IDU” a cargo, respectivamente, de los mencionados despachos judiciales”, indica el oficio del Tribunal.
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En torno al escándalo de corrupción de Reficar, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reveló que la Nación se salvó de pagar más de 700 millones de dólares luego de que el país ganara en el arbitraje comercial en el que la Cámara de Comercio Internacional condenó a CB&I UK por más de 1 billón de dólares, al determinar que incurrió en culpa grave durante la ejecución del contrato de ingeniería, procura y construcción para la modernización y ampliación de la Refinería de Cartagena.
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