¿Cuándo puede un policía de tránsito usar la fuerza contra un conductor?

Ante el aumento de incidentes en los que ciudadanos denuncian abusos policiales, es importante recordar las leyes que los protegen.

En los operativos de tránsito realizados por la Secretaría de Movilidad, los agentes buscan garantizar que los conductores cumplan con las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito. A través de retenes de control y verificaciones viales, las autoridades inspeccionan que los vehículos estén en regla y que los conductores respeten las leyes de tránsito. Sin embargo, en algunos casos, estos procedimientos han terminado en enfrentamientos entre la policía de tránsito y los ciudadanos, generando controversia sobre el uso de la fuerza.

Alerta Bogotá consultó al experto en movilidad conocido como el Señor Bitter para esclarecer en qué situaciones la policía de tránsito está autorizada a emplear la fuerza contra un conductor.

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«Si un policía de tránsito está en un procedimiento de control y vigilancia, y es necesario usar la fuerza para proteger a los civiles que puedan estar en riesgo, entonces sí puede hacerlo», explicó Bitter. Sin embargo, aclaró que «cuando el procedimiento es estrictamente de tránsito administrativo, no debería emplearse la fuerza que un policía de control posee para otras situaciones más graves».

Esto significa que la policía de tránsito solo puede recurrir a la fuerza en situaciones que comprometan la seguridad pública o la vida de las personas presentes. En procedimientos ordinarios de tránsito, como la verificación de documentos o la imposición de comparendos, el uso de la fuerza estaría fuera de lugar.

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Ante el aumento de incidentes en los que ciudadanos denuncian abusos policiales, es importante recordar que, según la Ley 1801 de 2016, que establece el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, todos los procedimientos policivos pueden ser grabados. El artículo 21 de dicha ley garantiza el derecho de los ciudadanos a registrar las acciones de la policía, lo que puede servir como prueba en caso de que se presenten abusos o irregularidades.

Grabar estos procedimientos no solo es un derecho, sino una herramienta fundamental para proteger los derechos de los ciudadanos y asegurar que los operativos de tránsito se realicen conforme a la ley.