Ciudadanos le dan ‘palo’ a la Alcaldía por medida: dicen que afecta la tranquilidad

Residentes de algunos barrios de Bogotá han acusado de que la medida es un abuso para favorecer negocios.

La Alcaldía de Bogotá enfrenta una situación tensa con cinco barrios de la localidad de Teusaquillo: Pablo VI, Nicolás de Federmán, Quirinal, Salitre El Greco y La Esmeralda. Los residentes de estos sectores han decidido movilizarse en contra de las decisiones del Distrito, la Secretaría de Movilidad y la Terminal de Transporte, buscando frenar la implementación de zonas de parqueo en la vía pública. Según los habitantes, esta medida es vista como un abuso que busca favorecer a la empresa OCESA, afectando negativamente la calidad de vida en la zona.   

Desde noviembre de 2023, se firmó un contrato entre la Beneficencia de Cundinamarca y OCESA, otorgando a esta última el uso de los lotes 15 y 16, ubicados en la calle 53 con carrera 60. Estos terrenos serían utilizados para eventos musicales y artísticos, con una capacidad de parqueo para 1.600 vehículos, lo que ha generado preocupación en la comunidad por el impacto en la movilidad, el ruido y la seguridad, especialmente durante los fines de semana.   

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Ciudadanos están molestos por el ruido y el caos vehicular

Los residentes han expresado su incomodidad no solo por las zonas de parqueo, sino también por el caos que generan los eventos masivos. Temen que el tráfico se vuelva incontrolable, que el ruido perturbe la tranquilidad del sector y que la seguridad se vea comprometida debido a la afluencia de personas. Aunque se han prometido medidas para mitigar el ruido, como la siembra de árboles para aislar las viviendas del bullicio, los vecinos consideran que estas acciones son insuficientes.   

El concejal José Cuesta Novoa, también residente de la zona, se ha sumado a las críticas contra el proyecto. Según Cuesta, la instalación de las zonas de parqueo busca recaudar fondos para cubrir el déficit financiero de TransMilenio, que hasta el momento no ha alcanzado las metas de recaudación esperadas. De los $29.000 millones proyectados, solo se han recaudado $16.000 millones. Cuesta también señala que la principal beneficiaria es OCESA, que no cuenta con suficientes parqueaderos para la demanda generada por los eventos.   

Acciones legales y rechazo ciudadano

Los vecinos han tomado medidas legales para defender sus derechos. En marzo de 2024, presentaron una acción popular y, en diciembre, realizaron un plebiscito en el que más de 2.000 personas votaron en contra de las zonas de parqueo. A pesar de esto, las entidades distritales han ignorado sus peticiones y el contrato con OCESA sigue vigente.   

Los residentes de los cinco barrios afectados consideran que la Alcaldía no ha escuchado sus reclamos durante meses y creen que esta medida es una imposición que degrada su calidad de vida. Además, sostienen que no se ha consultado adecuadamente a las comunidades y que la medida solo beneficia a un negocio impulsado por la Secretaría de Movilidad y la Terminal de Transporte, sin tener en cuenta el impacto negativo en la zona.   

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Afirman que hay preferencias económicas

La situación ha generado desconfianza entre los vecinos hacia el Distrito, al percibir que las autoridades priorizan los intereses económicos sobre las necesidades de la comunidad. Los residentes temen que el caos vehicular, la invasión del espacio público y el ruido sigan sin ser atendidos por la administración de Juan Fernando Galán, mientras que el proyecto sigue adelante sin considerar sus preocupaciones.