El implicado se enfrenta a una condena superior a los 20 años por el homicidio de su compañero.
El juzgado 17 Penal Militar ordenó medida privativa de la libertad para el soldado Óscar Iván Roqueme Ávila, de 19 años de edad, quien es investigado como principal y único responsable del asesinato de otro uniformado, identificado como Jhon Alexander Sosa Galindo.
El implicado no aceptó los delitos de homicidio en concurso heterogéneo ni el de centinela, por los cuales podría enfrentar una pena superior a los 20 años.
Cabe mencionar que, en la tarde del primero de marzo en el Cantón Militar Occidental ubicado en Puente Aranda en Bogotá, un soldado disparó contra de uno de sus compañeros causándole graves heridas que lo llevaron a la muerte.
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Los hechos que fueron confirmados por el Ejército Nacional fueron propiciados por un episodio de intolerancia en el que un soldado que prestaba su servicio militar le propinó un disparo a la altura del abdomen a su compañero de pelotón, Jhon Alexander Sosa Galindo, quien llevaba 18 meses vinculado a la Institución.
La Fiscalía ha destacado que el implicado no solo atento contra la vida de un compañero, sino que afectó a sus principios y valores como soldado de la Patria.
“Instalar un proveedor con munición de guerra, pues desacatando también una orden clara y precisa de tener su fusil en todo momento asegurado y con el respectivo cartucho de seguridad o dispositivo de seguridad, ocasionando una lesión con este comportamiento a la altura del tórax, al mencionado soldado y compañero, Sosa Galindo Joan Alexander, quien se encontraba sin fusil, ningún tipo de dotación, como quiera que él se encontraba atendiendo labores administrativas en cumplimiento de sus funciones”, dijo la fiscal.
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Según las investigaciones, el imputado tras cometer el hecho violento salió corriendo del lugar y llegó a la oficina donde estaba el sargento Puentes Duarte y allí se le despojó de su fusil.
El juez alegó que el implicado sí es un peligro para la sociedad y que negarle la detención intramural significaría un posible riesgo de no comparecencia ante la justicia y no garantizaría la reparación de las víctimas.
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