Cargos a exalcalde de Marsella, Risaralda, por presunta suscripción de contrato con empresa de la que su hermano era representante legal.
La Procuraduría indicó que supuestamente Alberto Rivera Cifuentes avaló la contratación para prestar el servicio de una cooperativa de la que su hermano era representante legal.
Por estos hechos se profirieron cargos también contra el exsecretario de Gobierno, Héctor Darío Montoya Arroyave.
Bogotá, D. C. septiembre de 2024 (@PGN_COL). La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exalcalde de Marsella, Risaralda, Alberto Rivera Cifuentes (2020 – 2023) por presuntas irregularidades en un contrato suscrito para la prestación del servicio de transporte escolar sin observar el cumplimiento de todos los requisitos legales.
La Provincial de Instrucción de Pereira señaló que, al parecer, el exmandatario participó en la etapa contractual y encontró que para poder ejecutar el bilateral el contratista se habría visto obligado a utilizar vehículos y conductores afiliados a la cooperativa de transportadores de Marsella, empresa de la que fungía como representante legal su hermano, Nelson Rivera Cifuentes.
De igual manera, el Ministerio Público indicó que supuestamente se hizo un negocio jurídico con la empresa citada sin tener en cuenta que no contaba con la idoneidad, experiencia y capacidad financiera para atender las necesidades y el objeto contractual establecidos.
Con su presunta actuación Rivera Cifuentes aparentemente pasó por alto dar cumplimiento al principio de moralidad al avalar el contrato suscrito por más de $175 millones y afectar sus deberes funcionales.
En un segundo cargo la Procuraduría sostuvo que el exalcalde suscribió un contrato con la misma cooperativa para la prestación del servicio de transporte escolar rural para estudiantes de instituciones oficiales en sedes ubicadas en zonas de difícil acceso, sin tener en cuenta que cumplía los requisitos, al parecer desconociendo el régimen de incompatibilidades.
Por lo anterior el funcionario pudo incurrir en una vulneración de los principios de moralidad e imparcialidad que rigen la función pública, por lo que el Ente de control decidió calificar de manera provisional su presunta actuación en ambos casos como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Por los mismos hechos se le formularon cargos al exsecretario de Gobierno, Héctor Darío Montoya Arroyave, quien en su momento suscribió los estudios del sector y estudios previos elaborados sin, supuestamente, verificar que cumplieran con los requisitos exigidos por la ley.
En su caso el organismo de control dijo que pudo quebrantar el principio de economía por contratar sin tener en cuenta “parámetros técnicos, presupuestales, de oportunidad, de mercado, jurídicos, de elaboración de pliegos”, por lo que de manera provisional calificó el posible comportamiento como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
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