Procuraduría abre investigación contra el actual defensor regional del pueblo

La Procuraduría también vinculó a la funcionaria de la secretaría de educación, María Cristina Osorio Marín.

Procuraduría formuló cargos al exsecretario de educación de Risaralda por presuntas irregularidades en proyecto de internet para colegios rurales.

Al parecer hubo fallas en la planeación y ejecución del proyecto que lideraban Leonardo Antonio Gómez Franco y María Cristina Osorio Marín vinculados en ese momento a la Secretaría de Educación departamental.

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el exsecretario de despacho de la secretaría de educación de Risaralda, Leonardo Antonio Gómez Franco, actual defensor regional del pueblo, por presuntas irregularidades en la ejecución de la «Implementación de herramientas digitales para mejorar la calidad educativa en los colegios públicos de Risaralda».

La Regional de Instrucción de Risaralda señaló que aparentemente hubo fallas en la planeación y ejecución de la iniciativa en 2021, una elaboración deficiente de diagnósticos, estudios y análisis relacionados con la conectividad a la internet y de los servicios relacionados con la cobertura, permanencia y calidad en el servicio.

Así mismo, la Entidad sostuvo que habría una posible deficiencia en la definición del público beneficiario del objeto del contrato al no tener en cuenta los estudiantes con deficiencias auditivas, factor que debió ser incluido al momento de estructurar el proyecto y adelantar el proceso de contratación.

Por estos hechos la Procuraduría también vinculó a la funcionaria de la secretaría de educación, María Cristina Osorio Marín, quien supuestamente ejerció el rol de supervisora y quien junto a Gómez Franco también pudo incurrir en omisiones.

De igual manera, el Ente de control advirtió respecto de la modalidad de selección, que esta se adelantó, por parte de los funcionarios investigados, presuntamente de manera directa y sin tener en cuenta la pluralidad de oferentes.

Con esta investigación y la solicitud de pruebas hecha por el Ministerio Público se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si los disciplinables actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.