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La Procuradora le pone la lupa a uso de recursos públicos para campaña electoral

Publicado por
Arturo García

La jefe del Ministerio Público recordó en Pereira que la Procuraduría tiene funciones constitucionales para indagar, investigar, sancionar y suspender a servidores públicos, incluso los de elección popular. Y advirtió: “No tengan duda que lo vamos a utilizar cuando haya lugar”.

En el foro “Avances del Proceso Electoral” en Pereira, la jefe del Ministerio Público impartió la Circular 003, sobre los deberes en materia de propaganda electoral y publicidad exterior en espacios públicos y la directiva 007, donde se advierten las conductas prohibidas que pueden generar una indebida intervención en política.

La Procuraduría, como máximo organismo de vigilancia dentro del proceso electoral, continuará convocando estos espacios de diálogo en diferentes regiones del país, con el fin de garantizar la transparencia y el derecho fundamental de participación, el ejercicio y control del poder político, así como del derecho a elegir y ser elegido.

Pereira. (@PGN_COL). En el primer foro de Avances del Proceso Electoral, en el cual, el ente de control convocó a los organismos del Sistema Nacional de Vigilancia, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, advirtió que la “Procuraduría va a estar vigilante para evitar que los recursos públicos destinados a programas sociales sean utilizados para actividades de carácter político”.
La jefe del Ministerio Público pidió a la institucionalidad que se articule con el fin de lograr una protección de los recursos públicos y para que no se utilicen de manera indebida en actividades proselitistas. Asimismo, le solicitó la ciudadanía para que se constituyan en veedores permanentes del proceso electoral e informen sobre situaciones puedan poner en riesgo el derecho al voto.
La Procuradora recordó que por el bien de la democracia y del derecho a la participación, el ente de control mantiene la facultad constitucional de “indagar, investigar, sancionar y suspender a servidores públicos, incluso a los de elección popula. Aseguró que la ciudadanía “no debe tener duda que la vamos a utilizar cuando a ello haya lugar”.
En este espacio en el que se dio a conocer el balance de la vigilancia y control a los procesos electorales en 2023, la Procuradora también anunció que se expidió la Directiva 007 con las recomendaciones respecto a la participación y controversias políticas y las prohibiciones en el proceso electoral. Y dio a conocer la Circular 003 con las directrices para la vigilancia del cumplimiento de las funciones públicas de regulación y aplicación de medidas policivas y sancionatorias confiadas a las administraciones municipales y distritales, en relación con la forma y sectorización para fijar la propaganda electoral exterior visual.
Complejidad del proceso electoral
Como presidenta de la Comisión Nacional Electoral, la señora Procuradora aseveró que estas elecciones van a presentar un mayor grado de  complejidad, porque en estas participarán más de 120.000 candidatos que aspiran a los cargos de autoridades locales y departamentales, y a las corporaciones públicas locales, municipales, distritales y departamentales.
Además, resaltó que concurrirán en este proceso el sistema de listas abiertas o voto preferente con el de listas cerradas, “lo cual implica un gran reto tanto para la Organización Electoral como para el Estado colombiano”. Explicó que la Procuraduría ha identificado un aumento importante en la inscripción de Grupos Significativos de Ciudadanos, comparado con las últimas elecciones locales de 2019. “A nivel nacional, se han inscrito 1.293”.
Finalmente, concluyó que, conforme avance el calendario electoral, la Procuraduría continuará realizando el seguimiento preventivo y emitiendo directrices; por ejemplo, en contratación, restricciones de la Ley de Garantías, que inicia cuatro meses antes de la jornada electoral, y lo relacionado con los jurados de votación, los testigos electorales, la logística electoral, el desarrollo de la jornada electoral y los escrutinios.
El foro “Avances del Proceso Electoral” contó con la participación del registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez Grisales; el gobernador del departamento de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo y el alcalde de la ciudad de Pereira, Carlos Maya. También hizo parte la Delegada de Intervención Séptima ante el Consejo de Estado, Yolima Carrillo, como integrante de la Comisión Nacional Electoral.
La Procuraduría, como máximo organismo de vigilancia dentro del proceso electoral, continuará convocando estos espacios de diálogo en diferentes regiones del país, con el fin de garantizar la transparencia y el derecho fundamental de participación, el ejercicio y control del poder político, así como del derecho a elegir y ser elegido.

«La Procuraduría tiene funciones constitucionales para indagar, investigar, sancionar y suspender a servidores públicos, incluso los de elección popular. No tengan duda que lo vamos a utilizar cuando haya lugar”, precisó Cabello Blanco en el primer foro de Avances del Proceso Electoral, promovido por el organismo de control y al cual convocó a los representantes del Sistema Nacional de Vigilancia.

La jefe del Ministerio Público pidió a la institucionalidad que se articule con el fin de lograr una protección de los recursos públicos y para que no se utilicen de manera indebida en actividades proselitistas. Asimismo, le solicitó la ciudadanía para que se constituyan en veedores permanentes del proceso electoral e informen sobre situaciones puedan poner en riesgo el derecho al voto.

En este espacio en el que se dio a conocer el balance de la vigilancia y control a los procesos electorales en 2023, la Procuradora también anunció que se expidió la Directiva 007 con las recomendaciones respecto a la participación y controversias políticas y las prohibiciones en el proceso electoral. Y dio a conocer la Circular 003 con las directrices para la vigilancia del cumplimiento de las funciones públicas de regulación y aplicación de medidas policivas y sancionatorias confiadas a las administraciones municipales y distritales, en relación con la forma y sectorización para fijar la propaganda electoral exterior visual.

Como presidenta de la Comisión Nacional Electoral, la Procuradora aseveró que estas elecciones van a presentar un mayor grado de complejidad, porque en estas participarán más de 120.000 candidatos que aspiran a los cargos de autoridades locales y departamentales, y a las corporaciones públicas locales, municipales, distritales y departamentales.

Además, resaltó que concurrirán en este proceso el sistema de listas abiertas o voto preferente con el de listas cerradas, “lo cual implica un gran reto tanto para la Organización Electoral como para el Estado colombiano”. Explicó que la Procuraduría ha identificado un aumento importante en la inscripción de Grupos Significativos de Ciudadanos, comparado con las últimas elecciones locales de 2019. “A nivel nacional, se han inscrito 1.293”.

Finalmente, advirtió que conforme avance el calendario electoral, la Procuraduría continuará realizando el seguimiento preventivo y emitiendo directrices; por ejemplo, en contratación, restricciones de la Ley de Garantías, que inicia cuatro meses antes de la jornada electoral, y lo relacionado con los jurados de votación, los testigos electorales, la logística electoral, el desarrollo de la jornada electoral y los escrutinios.

El foro “Avances del Proceso Electoral” contó con la participación del registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez Grisales; el gobernador del departamento de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo y el alcalde de la ciudad de Pereira, Carlos Maya. También hizo parte la Delegada de Intervención Séptima ante el Consejo de Estado, Yolima Carrillo, como integrante de la Comisión Nacional Electoral.

LMargarita Cabello Blanco señalo finalmente que la Procuraduría, como máximo organismo de vigilancia dentro del proceso electoral, continuará convocando estos espacios de diálogo en diferentes regiones del país, con el fin de garantizar la transparencia y el derecho fundamental de participación, el ejercicio y control del poder político, así como del derecho a elegir y ser elegido.

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Arturo García

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