Aumentarán control de verificación a pruebas PCR en Risaralda

Desde el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud departamental se inició la inspección, vigilancia y control de los certificados de pruebas PCR debido a la alerta que emitió España sobre sospechas de fraude por parte de los viajeros colombianos.

La directora de salud pública de Risaralda, Sandra Gómez, indicó que ya se están realizando los lineamientos dado por el Gobierno nacional e invitó a los risaraldenses a no pagar por resultados negativos fraudulentos porque esto genera mala imagen de los colombianos.

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«La preocupación no solo es del gobierno español, también es del gobierno nacional y departamental, por eso hemos recibido lineamientos específicos para hacer el control de los resultados de estas pruebas, en este momento, buscamos que estas estrategias se cumplan de manera óptima. Lo más importante es que el Laboratorio de Salud Pública del Departamento ejerce control sobre todos los laboratorios que toman estás muestras y hacen procesamiento de pruebas PCR y Antigénicas», dijo Gómez.

Por su parte, Lizeth del Pilar Londoño, líder de Metrología del Laboratorio de Salud Pública departamental, explicó que España pudo constatar que el 90 % de las pruebas PCR que estaban presentando los colombianos eran falsas, por eso, desde ahora las personas que viajen a países donde exigen esa prueba deberán presentar un código QR de la aplicación CoronApp con el resultado negativo que deberán poner allí los laboratorios habilitados por las autoridades sanitarias, como requisito para poder abordar el avión.

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Para asegurar el reporte oportuno de los resultados en la plataforma de Sismuestras los laboratorios autorizados tienen la responsabilidad de cargar el resultado dentro de las 24 horas siguientes a la toma de muestra«, explicó Londoño.

Según explicaron las autoridades, el Código Penal de Colombia, en su artículo 291, señala que el uso de documentos falsos puede acarrear prisión de 4 a 12 años, y en su artículo 368 relacionado con la violación de medidas sanitarias impuestas por el Gobierno nacional para la preservación de la salud pública puede conducir a prisión entre 4 y 8 años.