La exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio fue acusada formalmente por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
La acusación se hizo ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
El ente investigador señala a la exmandataria de presuntamente haber recibido dádivas para direccionar varios contratos durante su administración entre los años 2012 y 2015, apoderándose así irregularmente entre ella y los contratistas de más de $5.000 millones de pesos.
Hurtado Palacio habría incidido en el direccionamiento de por lo menos cuatro contratos de infraestructura y servicios vitales para la comunidad, de tal forma que quedaran en manos de la empresa INALCON SAS, representada por José Carlos Vergara Mendoza.
El material de prueba da cuenta de que la exgobernadora, al parecer, actuó en favor del contratista a cambio de dádivas que ascendieron al 15% del valor de los contratos.
Adicionalmente, fueron detectadas diversas anomalías como sobrecostos por más de $5.400 millones de pesos, los cuales buscaban garantizar el pago de las comisiones pactadas y afectaron gravemente las finanzas del departamento.
En ese sentido, hay evidencia de que parte de ese dinero, exactamente $3.102 millones 237.981 pesos, habría terminado en las arcas personales de la hoy acusada, mientras que $2.329 millones 584.150 pesos fueron a parar a las cuentas del contratista.
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