Más de 20 mil miembros retirados de la fuerza pública del Quindío se están viendo afectados por graves fallas en la prestación del servicio de salud en esta parte del país. Según el Sargento retirado Carlos Arturo López Ríos, que ejerce como veedor ciudadano, los policías y militares retirados viven un verdadero drama para agendar una cita médica, recibir sus medicamentos y contar con atención oportuna a sus enfermedades.
López Ríos indicó que entre los temas que más preocupan se encuentra la centralización del servicio de salud en la ciudad de Pereira. Esto obliga a los usuarios del Quindío, en su mayoría adultos mayores, a desplazarse hasta Risaralda para ser atendidos, debiendo asumir los costos de traslado. También señaló que no se brinda valoración oportuna con especialistas, no contestan el teléfono para agendar citas y para reclamar medicamentos deben hacer largas filas en el dispensario de sanidad donde, en muchas ocasiones, les entregan fármacos diferentes a los formulados por el médico tratante o les indican que no hay disponibilidad y por ende se ven obligados a comprarlos.
Asimismo, el veedor manifestó a EL QUINDIANO que en ejercicio de su función ha recibido malos tratos por parte del personal del dispensario de salud de la policía en el Quindío. “Allí me han manifestado que soy el veedor que le gustaba andar protestando a toda hora y que mantengo haciendo reclamos, desconociendo que la labor de los veedores es constitucional, está consagrada legítimamente y que lo único que buscamos es el bien común, que se humanice la atención y el servicio”.
Más transparencia
De otra parte, el Sargento retirado Carlos Arturo López Ríos señaló que el servicio de salud de la policía en el Quindío no estaría facilitando la atención en hospitales de tercer y cuarto nivel. Esa sería la razón por la que después de lograr una cita con medicina especializada les informan que no los pueden atender porque no hay contrato, o indican que la Policía no paga, o que no hay recursos.
“El gobierno nacional a finales de julio de 2021 destinó $234.000 millones de pesos para el pago de la deuda histórica en temas de salud y nosotros nos preguntamos por qué le cierran los contratos de tercer y cuarto nivel al servicio de salud de la policía si según el gobierno la plata está y se está pagando oportunamente.
Solicitamos que el sistema sea administrado por personas que hagan parte del sector salud y no por personas que portan un uniforme y quieren manejar la situación como en la carrera militar.
Además, pedimos que se fortalezcan las veedurías y los mecanismos de control, que antes de gastarse los recursos se sienten con los veedores, con las asociaciones de usuarios y con los usuarios para que se determine con transparencia cómo van a invertirse. Pero aquí acostumbran venir cada tres o seis meses y en una conferencia virtual dicen los gastos en unas diapositivas y con eso ellos cumplen, pero no hay un acercamiento real que sea preventivo y evite la corrupción. Por eso estamos poniendo las quejas ante la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Salud, esperando que realmente hagan las investigaciones y todo no quede en el papel”
puntualizó
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