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Ordenan a la alcaldía de Armenia ofrecer alternativa laboral a vendedor ambulante

Publicado por
Martha Montoya

A través de un fallo de la Corte Constitucional ordenan a la alcaldía de Armenia ofrecer alternativa laboral a vendedor ambulante.

Armenia cuenta con una problemática palpable desde años atrás con un gran número de vendedores ambulantes que ocupan gran parte del espacio publico. Por esta razón la administración municipal ha realizado jornadas de recuperación de estos espacios.

Sin embargo, un vendedor informal señaló a las autoridades de haber usado de manera indebida la fuerza contra él y otros comerciantes en medio de una de las jornadas que realizaron en el centro de la capital quindiana.

El hombre presentó una acción de tutela el 12 de julio de 2023, argumentando que estos operativos le causaron grandes daños a él y a otros vendedores, ya que se quedó sin los medios económicos para cubrir sus necesidades.

 

Inicialmente la alcaldía local respondió a esta tutela que no se vulneraron los derechos fundamentales del demandante, ya que estaban bajo el cumplimiento de la sentencia 109 del 5 de agosto de 2013, emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de la ciudad. También manifestó que ningún vendedor fue despojado de su mercancía.

Corte Constitucional falló a favor del comerciante

El 9 de agosto de 2023, el expediente llegó a la Corte Constitucional para su revisión. La sorpresa del caso fue que luego de un análisis la sala falló a favor del comerciante.

La Corte indicó que, aunque se debe proteger y conservar el espacio publico, no se puede vulnerar el derecho al trabajo y demás derechos fundamentales.

 

Asimismo implantó algunos límites para la recuperación del espacio público a partir de tres postulados fundamentales: el principio de confianza legítima, el derecho al trabajo y al mínimo vital.

La Corte Ordenó a la alcaldía de Armenia buscar una solución al afectado

La Corte Constitucional exigió a la alcaldía municipal ofrecerle una alternativa laboral, económica o en su defecto reubicarlo en un plazo máximo de 30 días, Incluso verificar cuál es la situación actual del afectado en lo personal, familiar, social y económica.

A su vez pidió a la administración municipal de James Padilla García la creación de una política pública integral para los vendedores informales.

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Martha Montoya

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