Las amenazas de muerte contra Petro

Por: Pedro Santana Rodríguez

El día lunes 2 de mayo el candidato Gustavo Petro dio a conocer mediante comunicado público que suspendía los actos de campaña que realizaría en La región del eje cafetero en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda a donde se desplazaría a realizar una correría con diversas manifestaciones públicas. El motivo de la suspensión según se lee en el comunicado se debería a que su esquema de seguridad habría recibido informaciones sobre un atentado que se estaría organizando en contra del candidato en esa gira. En el comunicado se informa que la organización criminal “La Cordillera” estaría planeando atentar contra la vida del candidato. “La Cordillera” es una organización paramilitar dedicada al narcotráfico y al sicariato que ha logrado un amplio control sobre las autoridades civiles regionales y políticos del eje cafetero, además de algunas instancias de la policía y del ejército, toda vez que algunos de sus miembros participan de dicha organización criminal. Esta información dice el comunicado que habría sido valorada y evaluada por el equipo de seguridad de la campaña.

Pasadas apenas unas horas y sin ninguna investigación previa sobre la denuncia mediante comunicado púbico la dirección nacional de la policía manifestó de forma patética que “la Policía Nacional y esta dirección no tenía información de inteligencia ni vinculada a procesos judiciales que permita inferir la existencia de un plan criminal contra el candidato del movimiento Pacto Histórico”. En el comunicado se agrega además que “Gustavo Petro cuenta con uno de los esquemas de seguridad más robustos del país, el cual incluye un componente importante de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección. Además, cada vez que la campaña presidencial lleva a cabo eventos a lo largo y ancho del territorio nacional, se disponen todos los apoyos necesarios para garantizar su vida, integridad y actividad política”.

El martes 3 de mayo el portal Cuestión Pública dio a conocer parcialmente parte del informe del esquema de seguridad de Gustavo Petro en el cual se detallan informaciones sobre el atentado que se estaría organizando para asesinarlo. Allí se lee que el atentado se estaría preparando para ser ejecutado el municipio de Dosquebradas en la comuna Ciudadela del Parque donde Petro estaría en un evento al aire libre, en el formato que el candidato realiza en varias regiones del país “Petro Escucha” y en el cual el candidato permanece varias horas intercambiando con la gente como parte de su campaña proselitista. Según esa información se habrían adelantado ya 2.500 millones de pesos a cinco sicarios, tres hombres y dos mujeres para llevar a cabo el atentado.

Hay que recordar que la banda criminal “La Cordillera” es una banda dedicada al microtráfico, sicariato y oficina de cobro localizada en Dosquebradas y Pereira que funcionó bajo la dirección de Carlos Mario Jiménez, uno de los jefes de los grupos paramilitares que fue extraditado a los Estados Unidos por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el mes de mayo del año 2008. Esta banda es señalada de ser la responsable del asesinato del estudiante universitario Lucas Villa durante el Paro Nacional de 2021. También habría participado en este asesinato un integrante de la Sijin de la Policía Nacional sin que las investigaciones hayan avanzado pese a que se trasladaron de Pereira a Bogotá. Este agente de la Sijin estaría comprometido también en la preparación del atentado al candidato Petro.

Además del comunicado de la dirección de la Policía Nacional el propio presidente de la República Iván Duque en declaraciones a la emisora Blu radio reitero que el gobierno no tenía información sobre el supuesto atentado a Petro y reiteró que el candidato del Pacto Histórico tenía un esquema de seguridad robusto.

Cambio de actitud 

La publicación de parte del documento de la campaña por parte del Portal Cuestión Pública obligó al gobierno a cambiar de actitud. El día martes 3 se realizó una reunión a instancias del ministro del Interior, Daniel Palacios y con la participación del director general de la Policía, el jede de la Unidad de protección y el candidato Gustavo Petro y allí se decidió según se comunicó posteriormente reforzar los esquemas de seguridad del candidato como fue reconocido por el propio Gustavo Petro, era lo mínimo que tenía que hacer el gobierno.

Las consecuencias de estos hechos son evidentes. La primera es la afectación sobre la campaña de Petro que se verá impactada al impedir que el candidato haga uso amplio de la plaza pública que es la modalidad predominante en la campaña del Pacto Histórico lo cual se verá seriamente afectada en lo que resta de la campaña. O sea que independientemente de las medidas de reforzamiento de los esquemas de seguridad del candidato la campaña ya está seriamente afectada.

Una segunda consecuencia es que Petro debe reforzar sus propias medidas de seguridad con lo cual se tendrá que ver obligado a reducir su actividad en plaza pública y eventualmente y pese a la animadversión de los grandes medios de comunicación alinderados abiertamente a favor del candidato de la derecha Federico Gutiérrez, deberá a mi juicio revertir la decisión de no concurrir a debates públicos en los grandes medios de comunicación. Esta decisión debe ser tomada por su campaña para dar a conocer sus propuestas pese repito a la animadversión de esos medios de comunicación.

Una tercera consecuencia es que la campaña en su conjunto esta severamente afectada en cuanto a la presentación de las propuestas programáticas pues el tema del miedo invade todos los espacios de la misma. Allí quería llevar la derecha a la campaña en su conjunto y con esta situación lo ha logrado aún con un gran riesgo para ellos y es que la población harta de manipulaciones y amenazas termine solidarizándose con la víctima que en este caso es Petro a quien se le ponen todas las talanqueras posibles para evitar que gane en franca lid. Desde el punto de vista de la campaña el que el miedo se instale en la misma a quien más le conviene esta situación es a la derecha que no solo no tiene que ofrecer ante el desastre de los gobiernos de los últimos 30 años en el país, sino que tiende una cortina de humo para que no se evalúen ni discutan las políticas públicas que muestran una situación social desastrosa de hambre, desigualdad y violencia aterradora en donde una parte del país esta en manos de organizaciones criminales. Esto como ya dije a quien le conviene es a la derecha. Por ello Petro debe recuperar espacio en los grandes medios y en las redes sociales para profundizar sus propuestas.

Y hay un factor de contexto que no es menor y que es una consecuencia directa del uribismo y su estilo de realizar y ejercer la política en Colombia y son sus nexos con el narcotráfico y con los ilegales armados en distintas regiones del país. Está fresca aún la intervención en Cali de un exmilitar llamando a organizarse para impedir por las armas la posesión de Petro si llegare a ganar en un acto de campaña del candidato Federico Gutiérrez que no fue rechazado ni condenado con contundencia ni por el candidato ni por el uribismo. También los audios que se difundieron en el marco del Paro Nacional en que un representante a la Cámara de Risaralda aparecía instigando las acciones armadas en contra de los manifestantes en el Paro Nacional. Tampoco avanzan las investigaciones por el financiamiento por parte del narcotráfico de la campaña presidencial de Duque a través de José Guillermo Hernández, el Ñeñe Hernández. Las investigaciones de la parapolítica demostraron fehacientemente que el principal beneficiario del paramilitarismo en las elecciones del año 2002 fue precisamente Uribe.

En Colombia las amenazas en contra de los candidatos presidenciales son cosa seria y deben ser tomadas con mucho cuidado. En 1948 Jorge Eliecer Gaitán fue asesinado y su crimen quedó en la más completa impunidad. En 1987 quien había sido el candidato de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, fue asesinado y en la campaña presidencial de 1990 fueron asesinados tres candidatos presidenciales, en 1989 en agosto fue asesinado Luis Carlos Galán y aún no se termina de esclarecer este magnicidio y en 1990 fueron asesinados Bernardo Jaramillo Ossa en el mes de marzo y en el mes de abril fue asesinado Carlos Pizarro León Gómez. En aquellos años Galán iba adelante en las encuestas. Y a pesar que ni Jaramillo ni Pizarro amenazaban con ganar las elecciones fueron asesinados y sus crímenes permanecen en la más completa impunidad.

La campaña de Petro debe extremar las medidas de seguridad para proteger la vida del candidato. Y la población colombiana debe ayudar en la protección de Petro es cuestión vital para consolidar la democracia en el país al mismo tiempo que se debe denunciar con pruebas la compra masiva de votos. Son dos tareas que se deben adelantar de forma simultánea. Lo que está en juego es la débil democracia en Colombia.

Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur

Tomada de: Revista Sur https://www.sur.org.co/las-amenazas-de-muerte-contra-petro/