La JEP extendió a 6 meses las medidas cautelares en 27 cementerios del Quindío y Risaralda

Durante la semana anterior, en Marsella, Risaralda, se llevó a cabo la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares en 27 cementerios de Risaralda y Quindío. No obstante, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ordenó una prórroga por seis meses de las medidas cautelares de estos cementerios.

En este encuentro, se decretó el inicio de la exploración del terreno y la exhumación en los camposantos Jesús María Estrada, de Marsella (Risaralda), y El Carmelo, de Salento (Quindío).

Cabe destacar que en el Quindío, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ordenó medidas cautelares en los cementerios de los municipios de Salento, Quimbaya, Pijao, Montenegro, La Tebaida, Génova, Filandia, Circasia, Calarcá, Buenavista y Armenia.

Por tanto, para la prórroga de seis meses, la Unidad de Investigación y Acusación, UIA, de la JEP, deberá presentar un proyecto de intervención forense en dichos cementerios en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo técnico de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala que ha establecido mecanismo de cooperación y asistencia técnica con la JEP.

El plazo para dar a conocer el proyecto de intervención será de 20 días hábiles, y así iniciar las labores en enero de 2023.

Asimismo, la sección ordenó a las gobernaciones de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca la formulación de planes de atención para las víctimas de desaparición y cooperación con el Instituto Nacional de Medicina Legal con miras a superar las deficiencias de orden técnico y logístico que permitan dar celeridad al proceso de localización, protección, debida custodia e identificación de los cuerpos exhumados, para lo cual deben presentar un plan estratégico de manera conjunta.

Finalmente, la sección demostró que a la fecha, los departamentos de Risaralda y Quindío, no cuentan con un universo de víctimas de desaparición, como tampoco el inventario confiable de los cuerpos no identificados y los cuerpos identificados no reclamados.

“Ello se manifiesta en que persisten vacíos institucionales, deficiencia en la información, acciones incompletas de los obligados a dar una respuesta efectiva a las víctimas, familiares de buscadoras y buscadores de personas dadas por desaparecidas”, afirmó la sección en su decisión.